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La modificación de la Ley de Glaciares que impulsó el Gobierno y que obtuvo media sanción en el Senado propone flexibilizar la actual protección de agua destinada al consumo humano en zonas periglaciales para permitir actividades vinculadas a la minería y a los hidrocarburos.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas y reemplazarla por una serie de evaluaciones, caso por caso, que habilitarían la intervención de empresas mineras en glaciares y ambientes periglaciales.
Además, plantea una reducción del Inventario Nacional de Glaciares, que lo limitaría únicamente a sectores considerados de carácter estratégico para la reserva de agua, lo que dejaría numerosas zonas sin protección legal.
El Poder Ejecutivo argumenta que la reforma permitiría un desarrollo minero que actualmente estaría vedado en la ley vigente (26.639). Paralelamente, organizaciones ambientalistas como Greenpeace manifestaron su rechazo por el posible uso de sustancias químicas y riesgos que provocarían la contaminación del agua potable.
Estas agrupaciones advierten que la aprobación implicaría una destrucción irreversible de glaciares, pondría en riesgo la principal fuente de agua dulce y afectaría, además, la regulación de cuencas y los servicios ecosistémicos vinculados al ciclo hídrico.