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El miércoles comenzará en el Senado de la Nación el tratamiento en comisiones de los dos proyectos centrales que impulsa el gobierno de Javier Milei en el actual período de sesiones extraordinarias: la Ley de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad.
La discusión formal arrancará con la constitución de las comisiones y la apertura del debate técnico y político sobre ambas iniciativas, que constituyen dos de los ejes legislativos prioritarios de la administración nacional para este año.
La Libertad Avanza (LLA) llega a esta instancia en un escenario de negociaciones con los bloques considerados "dialoguistas", entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. En ese marco se inscriben las reuniones que mantuvo en los últimos meses el ministro del Interior, Diego Santilli, tanto con gobernadores como con senadores, con el objetivo de construir los consensos necesarios.
El proyecto de modernización laboral plantea una revisión integral del marco vigente y propone cambios estructurales. Entre los puntos principales se incluyen modificaciones en el sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos y una reducción de las contribuciones patronales para fomentar la contratación formal.
Además, incorpora la figura del "Colaborador Independiente", un esquema de trabajo autónomo sin relación de dependencia tradicional, y un "Banco de Horas", que permitiría compensar excesos de jornada en días posteriores en lugar de pagar horas extras.
Desde los sindicatos, en cambio, el proyecto ya generó un fuerte rechazo. Las centrales obreras sostienen que la iniciativa "no genera puestos de trabajo y promueve la pérdida de derechos adquiridos", y convocaron a movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.
Imputabilidad
El segundo proyecto que comenzará a discutirse es la Ley Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años. La iniciativa propone un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas. El texto descarta la reclusión perpetua y fija un máximo de 20 años de condena para delitos graves cometidos por adolescentes.
No obstante, prevé que jóvenes de 14 años o más que cometan delitos de alta gravedad puedan recibir penas similares a las de adultos, con topes que podrían superar los 15 años, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, el proyecto prioriza medidas de carácter educativo y social, con alternativas como libertad asistida y tareas comunitarias en lugar de prisión efectiva.
El oficialismo negocia votos
La Libertad Avanza aún no cuenta con los votos suficientes para aprobar dos puntos clave del proyecto: el capítulo fiscal y las modificaciones al sistema de indemnizaciones, de la reforma laboral.
El oficialismo alcanzaría alrededor de 40 apoyos para la aprobación en general. LLA dispone de 20 senadores propios y sumaría el acompañamiento del monobloque del Frente Cívico, diez legisladores de la UCR, tres del PRO, dos misioneros, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino, además de la posible adhesión de la senadora salteña Flavia Royón.
Del lado opositor, el interbloque peronista reúne 25 votos en contra y persisten dudas sobre la postura que adoptarán algunos senadores vinculados a gobernadores considerados dialoguistas.
El eje de mayor tensión es la reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que pasaría del 35% al 31,4%. Los gobernadores advierten que ese recorte impositivo, calculado en casi dos billones de pesos, podría afectar de manera significativa los recursos coparticipables en un año electoral como 2027.
Tanto la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, como el ministro del Interior, Diego Santilli, seguirán trabajando hasta último momento para consolidar consensos necesarios.