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El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y ya entró en la curva de definiciones, debido a que está previsto que el jueves próximo sea votado en el recinto de sesiones.
Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que generaba el temor de que la ley terminara siendo letra muerta.
En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.
El debate
De todos modos, el consenso actualmente existente alcanza para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que el dictamen recuperaría ese acuerdo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Laura Rodríguez Machado, la presidenta de la comisión cabecera de Legislación Penal.
Además de la polémica por la edad de imputabilidad, en el régimen especial de minoridad se entrecruzan múltiples planos dimensiones como los tipos de delitos punibles, las sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
Cómo sigue
Este miércoles, un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda juntará los avales para dictaminar y dejar lista la iniciativa para el jueves en el recinto.
En la oposición se ponen en guardia y denuncian que el Gobierno quiere avanzar a libro cerrado, de forma exprés.
En realidad, se trata de una ley que fue ampliamente debatida el año pasado, con siete reuniones que incluyeron audiencias con especialistas de ámbitos diversos como la criminalística, la neurología, la Justicia, y de Defensorías de la niñez.
De ese debate, surgió un dictamen de 77 firmas muy parecido al que se va a volver a firmar el miércoles, que incluso fue apoyado con disidencias parciales por sectores minoritarios de Unión por la Patria.
El tema había quedado postergado durante meses por otros asuntos que despertaron el interés prioritario del Gobierno, y recién se reactivó en este período de sesiones extraordinarias a partir del estallido de un caso conmocionante de inseguridad que sacudió a la opinión pública como fue el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.
Este homicidio del adolescente de 15 años a manos de otros tres menores obligó a la política a volver a poner en agenda el debate por la ley penal juvenil.
La mirada del Gobierno
Desde el Ejecutivo indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
La iniciativa va muy en línea con el espíritu que emana permanentemente el Gobierno y en particular el presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”, y que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”.
La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.
También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.
Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con un régimen penal de minoridad junto con Cuba, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización, de reinserción laboral para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.
La mirada de la oposición dura
Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.
Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante.
La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a un sistema histórico de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades.