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En medio de un inicio de ciclo lectivo atravesado por paros y reclamos en diferentes puntos del país, diputados nacionales de bloques opositores presentaron un proyecto para declarar la emergencia salarial educativa por cinco años. La iniciativa busca recomponer los ingresos docentes y atender el deterioro del sistema en todo el país.
El planteo parte de un diagnóstico concreto: entre 2023 y 2025 el salario docente perdió en promedio un 19% de poder adquisitivo y hubo retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones, sostienen los autores de la iniciativa. A la par, añaden, la inversión educativa real cayó 47,7% y descendió del 1,4% al 0,82% del PBI, el nivel más bajo en dos décadas. La eliminación del FONID, la ausencia de paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento profundizaron el escenario.
La emergencia habilitaría la creación de un Fondo de Fortalecimiento Salarial Educativo financiado con el 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La clave es su asignación específica y automática: los recursos irían directamente al recibo de sueldo, sin intermediaciones ni discrecionalidad política.
El proyecto establece un Complemento Federal de $52.269 mensuales para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajen en escuelas de alta vulnerabilidad. Entre marzo y diciembre, el refuerzo rondaría los $119.473 por cargo.
La iniciativa también aborda infraestructura. Propone destinar $740.500 millones de ATN no ejecutados en 2025 para obras y mantenimiento: el 75% para establecimientos iniciales, primarios y secundarios, y el 25% para escuelas técnicas. El objetivo es sostener a más de 44 mil escuelas, 7,4 millones de estudiantes y más de 900 mil trabajadores.
"No crea nuevos impuestos ni modifica la coparticipación", remarcan los impulsores. "La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno", sostienen.
El diputado nacional de UxP y exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta afirmó: "Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación".
El proyecto es impulsado por Trotta, Natalia De la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Snopek, Marcela Pagano y Sebastián Galmarini, Esteban Paulón, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, entre otros.