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El Gobierno nacional comenzó la semana con una reunión clave en la Casa Rosada para ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar con una batería de proyectos. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, tuvo un eje central: dar por superada la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
"Manuel (Adorni) ya no es tema, no va a renunciar y seguimos trabajando", señalaron desde el oficialismo tras la cumbre.
La mesa política estuvo encabezada por Karina Milei y contó con la participación de funcionarios clave, entre ellos Santiago Caputo, ministros y referentes legislativos. El objetivo inmediato es acercar posiciones con la oposición para comenzar a debatir en abril un paquete de iniciativas que el Ejecutivo considera prioritarias.
Entre los proyectos sobresale la denominada "Ley Hojarasca", impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La propuesta apunta a eliminar un amplio conjunto de leyes y regulaciones consideradas obsoletas o innecesarias, con el fin de reducir la burocracia y dinamizar la economía.
La iniciativa surge de una revisión del digesto normativo argentino desde 1864 hasta la actualidad. Según sus fundamentos, muchas normas quedaron desactualizadas por cambios tecnológicos, sociales o económicos, o fueron superadas por legislaciones posteriores. También se identificaron leyes que generan trámites sin sentido, incrementan costos o regulan actividades que ya no existen.
Entre los ejemplos figuran normas que obligaban a difundir determinados contenidos, regulaban el uso de tecnologías hoy obsoletas o imponían requisitos administrativos considerados innecesarios. Incluso se incluyen leyes que creaban organismos financiados con fondos públicos que, según el Gobierno, deberían autofinanciarse.
El proyecto propone además un cambio de paradigma: pasar de un modelo intervencionista a uno basado en la libertad individual, en línea con el artículo 19 de la Constitución.
"Para los individuos, todo está permitido salvo lo expresamente prohibido", sostienen sus impulsores, que buscan reducir el peso del Estado sobre la actividad económica.
El paquete legislativo también contempla reformas al Código Penal, cambios en leyes de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y glaciares, además de modificaciones en discapacidad y financiamiento universitario.
Aunque aún no hay una hoja de ruta definitiva, en el oficialismo reconocen que el principal desafío será construir consensos en un Congreso para avanzar con una agenda ambiciosa que busca redefinir el rol del Estado y reducir la carga regulatoria vigente.