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Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron ayer la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial.
En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición un año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La fiscalía
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a Nechevenko para después de Semana Santa. Por ahora, le pidió toda la documentación sobre la operación inmobiliaria. A la vez, solicitó documentos en los registros de la propiedad.
Luego de que Adorni confesara durante una conferencia de prensa que vive junto a su familia en el departamento de Caballito, que adquirió apenas dos semanas después de asumir su actual cargo, se supo que la operación se escrituró por 230 mil dólares pese a que el valor original del inmueble era de 340 mil dólares.
Pero lo más llamativo del caso es que la propiedad fue comprada a partir de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares cedida por las dos vendedoras del inmueble, que habían adquirido el departamento apenas siete meses antes, en abril del 2025.
Las dos jubiladas acreedoras de la hipoteca no bancaria para la compra del departamento de Adorni fueron identificadas como Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes negaron conocer al jefe de Gabinete o haberle prestado dinero.
La hipótesis de Paulón es que Adorni utilizó a estas dos personas para simular una hipoteca y de esa manera justificar la compra de un inmueble de categoría que no se condice con sus ingresos como funcionario público, ni tampoco con los de su esposa.
El fiscal Pollicita, por ahora, no citó a las dos mujeres, ya que primero quiere tener los elementos necesarios para saber si debe convocarlas a presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.