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Hay episodios en la política económica que revelan contradicciones más profundas que cualquier discurso ideológico. El reciente triunfo de Argentina en la justicia de Estados Unidos en el litigio vinculado a YPF es uno de ellos. En medio de un gobierno que ha construido buena parte de su narrativa política sobre la idea de destruir el Estado, el resultado judicial demuestra algo distinto: que los Estados que conservan activos estratégicos tienen mayor capacidad de defensa económica, jurídica y geopolítica. En otras palabras, el caso YPF no es una victoria del libertarianismo. Es, paradójicamente, una victoria del Estado.
El punto central no es solamente jurídico. Es institucional. El resultado favorable obtenido por Argentina en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York no es producto de una política libertaria ni de una innovación reciente del actual gobierno. Es el resultado de una estrategia legal que comenzó con la expropiación de YPF en 2012 y que se sostuvo, con matices, durante más de una década. Esa continuidad atravesó gobiernos ideológicamente opuestos: desde la administración de Cristina Fernández de Kirchner hasta el actual gobierno de Javier Milei, pasando por el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández. En litigios internacionales de esta escala, que pueden implicar decenas de miles de millones de dólares, la consistencia institucional es determinante. Equipos jurídicos, estudios especializados y estrategias procesales deben sostenerse durante años para producir resultados. El caso YPF demuestra que los Estados capaces de mantener políticas estratégicas a largo plazo pueden obtener ventajas incluso en sistemas judiciales extranjeros.
Pero el verdadero significado del episodio no se limita al plano jurídico. El caso también revela la importancia económica de mantener activos estratégicos bajo control estatal.
Estado vs. restricción externa
En la economía argentina, la restricción externa ha sido históricamente uno de los principales límites al crecimiento. Cada ciclo de expansión económica termina enfrentando el mismo problema: el aumento de importaciones presiona las reservas del Banco Central, genera tensiones cambiarias y finalmente desemboca en crisis macroeconómicas. Romper ese patrón requiere ampliar la capacidad exportadora del país. En los últimos años, el sector energético se convirtió en uno de los pocos sectores con potencial real para hacerlo. El desarrollo de Vaca Muerta permitió aumentar significativamente la producción de petróleo y gas no convencional. La producción total de petróleo argentino ya supera los 700 mil barriles diarios y el shale representa una proporción creciente de ese volumen.
En ese proceso, YPF ocupa un lugar central. La empresa concentra aproximadamente un tercio de la producción nacional de hidrocarburos y participa en los principales proyectos de desarrollo de Vaca Muerta. Su rol como operador en numerosos bloques y su capacidad de asociarse con empresas internacionales la convierten en un actor clave para canalizar inversiones en un sector altamente intensivo en capital.
Desde el punto de vista macroeconómico, esto tiene consecuencias directas. Las exportaciones energéticas podrían convertirse en una de las principales fuentes de divisas de la economía argentina durante la próxima década. Distintas proyecciones privadas estiman que el país podría generar más de 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones de energía hacia el final de la década si se mantienen los niveles actuales de inversión y desarrollo.
"El caso YPF expuso una paradoja: la defensa vino del Estado".
Para el gobierno de Milei, esta dinámica tiene implicancias políticas evidentes. Su programa económico se basa en tres pilares: ajuste fiscal, disciplina monetaria y estabilización cambiaria. Ese esquema permitió desacelerar la inflación respecto de los niveles heredados, pero también generó una fuerte contracción del ingreso real y del consumo. Mientras amplios sectores de la población sienten la presión del ajuste en su vida cotidiana, el equilibrio macroeconómico depende cada vez más de la capacidad del país para generar divisas. En ese contexto, el sector energético se convierte en una pieza central de la estabilidad económica. YPF, como empresa estatal con participación mayoritaria del Estado argentino, forma parte de ese engranaje.
El gobierno puede criticar al Estado en el plano discursivo, pero al mismo tiempo depende de uno de sus activos estratégicos más importantes para sostener el equilibrio macroeconómico.
Sumarse a la transición
Sin embargo, limitar la discusión energética al petróleo y al gas sería un error estratégico. La transición energética global está transformando rápidamente la economía internacional. La presión para reducir emisiones de carbono y mitigar la crisis climática está impulsando inversiones masivas en energías renovables, hidrógeno verde y tecnologías de almacenamiento. Este fenómeno no es marginal. Según la Agencia Internacional de Energía, las inversiones globales en energías limpias ya superan ampliamente a las inversiones en combustibles fósiles. Los países que logren posicionarse en estas nuevas cadenas de valor tendrán ventajas económicas y tecnológicas significativas en las próximas décadas. Aquí aparece otra dimensión de la paradoja política argentina. El presidente Milei ha expresado públicamente posiciones escépticas respecto de la crisis climática y de las políticas internacionales orientadas a mitigarla. Sin embargo, la estructura energética del país muestra que ignorar la transición energética global sería un error económico considerable. Argentina posee condiciones excepcionales para desarrollar energías renovables.
La Patagonia tiene uno de los mejores recursos eólicos del mundo, con factores de capacidad superiores al promedio global. El noroeste argentino posee niveles de radiación solar comparables con los del desierto de Atacama. Estos recursos naturales posicionan al país como un potencial productor competitivo de energía limpia.
En este escenario, el rol de empresas con participación estatal puede ser decisivo. La experiencia internacional muestra que los procesos de transición energética suelen requerir coordinación pública, planificación de largo plazo e inversiones iniciales significativas. Empresas estatales o con participación estatal han desempeñado roles importantes en este proceso en numerosos países. YPF misma comenzó a explorar esta dirección en los últimos años. A través de su división de energías renovables, la empresa participa en proyectos eólicos y solares y explora oportunidades en el desarrollo de hidrógeno verde. Si Argentina logra combinar su potencial en hidrocarburos con una estrategia consistente de transición energética, podría convertirse en un actor relevante en los mercados energéticos del futuro.
La existencia de una empresa energética con participación estatal facilita ese tipo de estrategias. Permite coordinar inversiones, articular asociaciones con empresas internacionales y orientar proyectos hacia objetivos de política pública que el mercado por sí solo no necesariamente prioriza. La evidencia internacional refuerza esta conclusión. Noruega administra su riqueza petrolera a través de Equinor y de un fondo soberano que canaliza ingresos hacia inversiones de largo plazo. Brasil mantiene el control mayoritario de Petrobras, que continúa siendo un actor central en el desarrollo energético del país. Incluso economías altamente liberalizadas mantienen instrumentos estatales en sectores energéticos estratégicos. La razón es simple: la energía no es un mercado cualquiera. Es un sector con implicancias directas para la seguridad nacional, la competitividad industrial y la estabilidad macroeconómica. Renunciar completamente a instrumentos estatales en este ámbito implica perder capacidad de decisión en una de las áreas más estratégicas de la economía.
La dimensión política
Por eso el episodio judicial reciente tiene un significado político más amplio. Demuestra que incluso en un contexto de reformas orientadas al mercado, los Estados que conservan activos estratégicos mantienen herramientas de poder económico e institucional. La paradoja es evidente. Un presidente que construyó su carrera denunciando al Estado termina celebrando una victoria que solo fue posible gracias a una política estatal sostenida durante más de una década. Y lo hace en un momento en el que uno de los pilares de su programa económico depende precisamente de un activo estratégico del Estado argentino. La lección es menos ideológica y más pragmática. Los Estados modernos no desaparecen del funcionamiento de la economía. Cambian de rol, se adaptan, pero siguen siendo actores centrales en sectores estratégicos. La energía es uno de ellos. El caso YPF, con su combinación de hidrocarburos, transición energética y litigios internacionales, vuelve a recordarlo.