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La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
De este modo, la Justicia ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes de universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los argumentos del Estado, que sostenía que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta. Para el tribunal, los planteos oficiales carecen de sustento suficiente, por lo que ratificaron la vigencia de la medida y reforzaron la obligación de avanzar con la implementación de la ley.
La decisión judicial desencadenó pases de factura en las filas del oficialismo por el manejo del Congreso: se menciona que la discusión se dilató en el Parlamento y se desperdició un principio de acuerdo con los rectores para sancionar una nueva ley que no comprometa las cuentas públicas.
Esta nueva normativa, que el Gobierno siempre habló de prioritaria y que debía ser discutida en marzo, había sido enviada al Congreso en el marco de un acuerdo político que buscaba además la aplicación de la ley vigente, considerada inviable desde el punto de vista presupuestario. El entendimiento era de por sí frágil, dada la complejidad del tema y la diversidad de actores involucrados, pero con avances gracias a las conversaciones con los rectores más representativos del Consejo Interuniversitario Nacional.
Sin embargo, la interna dentro del oficialismo terminó afectando el curso legislativo y volvió a poner en el centro de la escena la estrategia de La Libertad Avanza en el ámbito parlamentario.
El tratamiento del proyecto se dilató y ni siquiera llegó a ser dictaminado en comisión pese a que funcionarios que monitorean números presupuestarios pidieron celeridad. En paralelo, y en medio de movimientos en el ámbito judicial vinculados al juez Juan Bautista Mahiques, sectores del oficialismo apostaron a obtener un fallo favorable que evitara la necesidad de sostener el acuerdo legislativo.
Esa expectativa derivó en una estrategia de "postergación" y, confiados en un eventual respaldo judicial, impulsaron gestiones en tribunales mientras se enfriaba el tratamiento parlamentario. Como consecuencia, el acuerdo político comenzó a erosionarse.
Los rectores de las universidades, que formaban parte del entendimiento inicial, advirtieron que las demoras tornaban inviable sostener el consenso alcanzado. El paso del tiempo sin avances concretos en el Congreso terminó por desarticular el respaldo necesario para sancionar la ley.
Para muchos actores, este fallo adverso dejó al descubierto las falencias en la conducción política del proceso y reavivó las críticas por la falta de gestión parlamentaria en un tema de alta sensibilidad institucional.
Impacto fiscal bajo
La Cámara en lo Contencioso Administrativo resaltó especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar sobre financiamiento universitario es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.