El 13 de agosto 2008 el Congreso aprobaba una ley nacional para prevenir y tratar los problemas de sobrepeso. El tema ganaba espacio en los medios de comunicación. Los afectados por esta nueva epidemia por fin accederían a la atención profesional. Las alarmantes estadísticas en la materia encontrarían un freno. Se escuchaban voces aliviadas hablando de un triunfo sanitario. Nadie parecía imaginar que, casi tres años después, la norma habría cambiado muy poco la realidad de provincias como Salta.

La ley 26.396 de 2008 fue celebrada por reconocer a los trastornos relacionados con la alimentación como enfermedades. La iniciativa garantizaba el acceso universal a terapias médicas o quirúrgicas para el exceso de peso. También obligaba a promover la nutrición adecuada y el deporte.

El diputado y médico Omar Soches López destacó que presentó un proyecto para que Salta se plegara a la normativa nacional hace más de dos años, pero sus pares no lo trataron.

En el escenario local parece no haber una respuesta clara sobre cuál fue el impedimento para que la provincia se sumara a lo sancionado por los legisladores nacionales. Algunos dicen que se intentó evitar “una catarata de reclamos” para llegar la cirugía bariátrica, indicada para la obesidad.

Otros señalan que se debe esperar porque la Presidencia promulgó la ley pero nunca terminó de reglamentarla. Sin embargo, provincias como Neuquén, Jujuy o Corrientes ya aprobaron normas que pusieron en vigencia las políticas a las que apuntó el Congreso en 2008.

Las cifras no repararon en los tiempos oficiales, los pasos legales o los trámites burocráticos. En Salta, la cantidad de población con sobrepeso creció del 46 al 53 por ciento entre 2005 y 2010 de acuerdo a datos difundidos por Agaco (Asociación Grupos de Autoayuda contra la Obesidad).

Además, hace seis años sufría obesidad el 13,8 por ciento de los habitantes y ahora el índice llega al 18 por ciento. Frente a estos números, las objeciones se orientan a la falta de acciones para revertir la tendencia.

Sin cambios

“Cada vez hay más problemas alimentarios. El Ministerio de Salud tendría que difundir más el tema”, señaló María Garbarino, presidenta de Agaco.

“No vemos que a partir de la ley de obesidad hayan cambiado las cosas. Los hospitales no están preparados. En muchos casos, ni siquiera tienen camillas para los pacientes con sobrepeso”, sostuvo Garbarino.

Desde Agaco también llamaron la atención sobre las dificultades económicas que encuentran los que padecen exceso de peso. “La gente no tiene recursos para comprar productos de bajas calorías. De todos modos, siempre resaltamos que es posible adelgazar si se quiere y enseñamos a buscar los recursos para lograrlo”, dijo Silvia Arroyo, vicepresidenta de la organización.

La ley 26.396 sostenía que en cada provincia debía funcionar un centro especializado en trastornos alimentarios para supervisar las políticas que se aplican en la materia.

En Salta no existe un área específica del Gobierno que se dedique a la obesidad. Dentro del Ministerio de Salud funciona un programa de nutrición, cuyos responsables no aceptaron informar a El Tribuno sobre el trabajo que realizan.

“Si no hay una preocupación del Estado, difícilmente se pueda concientizar. Hay que inculcar nuevos hábitos en la sociedad”, advirtió María Garbarino.

Desde Agaco remarcaron que las personas de escasos recursos que necesitan bajar de peso no tienen espacios oficiales donde esté garantizado el acceso a un plan de alimentación, actividad física, asistencia médica y contención psicológica, más allá de que lo marca la letra de la ley.