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El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, afirmó ayer que el tiempo para determinar la ruta de los fondos millonarios girados a Madres de Plaza de Mayo para hacer viviendas depende “mucho” de la voluntad de las distintas reparticipaciones, y advirtió que “sería una lástima” tener que recurrir a la Justicia ante la negativa de algún funcionario a entregar documentación.
Una semana después de haber señalado que “hay cosas que asustan” en el análisis que lleva adelante el organismo para establecer el circuito de los 765 millones de pesos otorgados a la fundación que lidera Hebe de Bonafini, Despouy abogó por la disposición de los responsables de las distintas dependencias para colaborar con la AGN en este tema.
“Nosotros podemos hacer relativamente rápido la auditoría, pero si no tenemos acceso a la información, tenemos que buscar métodos alternativos, limitaciones, etcétera y creo que sería una lástima”, alertó.
El funcionario recordó que, en otros casos, “la modalidad con la cual hemos podido avanzar en la obtención de información cuando se nos es negada es a través de la Justicia”.
En tal sentido, insistió en que el tiempo que demande la investigación que realiza su organismo “va a depender mucho del acceso a la información” por parte de “cada una de las reparticiones” a las que se le requieran datos.
Despouy explicó que el ente que encabeza no tiene poder de policía o atribuciones para allanar los organismos a los que se les pide documentación.
“Otras entidades de fiscalización superior de América Latina sí tienen esos poderes, e inclusive la posibilidad de sancionar a un funcionario si no les entrega la información”, señaló.
El funcionario comentó que “paradójicamente”, cuando la AGN ha tenido que recurrir a un camino alternativo, “la Justicia Penal ha sido bastante activa y positiva” a la hora de ordenar allanamientos. “En cambio en el contencioso administrativo, es decir al optar por la vía civil, hemos tenido muchas dificultades, aun cuando últimamente tuvimos un fallo muy importante con respecto a la posibilidad de acceder a la información”, indicó. La AGN tiene a su cargo investigar la ruta de los 765 millones de pesos que el Gobierno le dio a Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, en el marco del escándalo que involucra al exapoderado de esa organización, Sergio Schoklender, por el presunto desvíos de esos fondos. Según explicó Despouy, esa suma es una porción del “monto global de 133 mil millones de pesos que el Estado transfiere a nivel nacional a todas las provincias y municipios dentro de la modalidad que llamamos "transferencias discrecionales'”.
El video
Un documental en el que aparece Sergio Schoklender lo muestra presentando un proyecto de construcción en una villa. En el documental se puede ver al exapoderado de la institución que dirige Hebe de Bonafini presentando un proyecto habitacional en la villa 15, delante de un grupo de vecinos. Habla primero de las características de los inmuebles y luego de la mecánica del trabajo.
“La disciplina en la obra va a ser estricta. No va a haber alcohol, no va a haber peleas, no va a haber puteríos”, dice Schoklender,