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Todos los días las noticias de los barrios y de los municipios de la provincia dan cuenta de un reclamo constante: la gente pide más policías y más patrulleros en las calles.
En definitiva, la ciudadanía reclama más seguridad.
En primer lugar, es importante admitir la nueva realidad social, que plantea serios desafíos. La migración desde el campo hacia las ciudades ha ido generando urbanizaciones muy precarias, rebautizadas como “soluciones habitacionales” pero que son un nuevo síntoma de la marginalidad y la exclusión. Lejos de algunas ilusiones triunfalistas, el narcotráfico ha detectado esas zonas socialmente vulnerables como un mercado próspero para el paco, la droga más barata y más destructiva que zambulle a sus víctimas en la violencia criminal. El fenómeno se extiende, además, hacia todos los barrios.
Dicha realidad no se resuelve con “mano dura”, como reclama el autoritarismo, pero existe y es lacerante, a pesar de que la ideología garantista intente minimizarla desde la comodidad de una tertulia. Hay un problema social que se resuelve con policías, con asistentes sociales, con compromiso democrático y con una firme decisión política.
El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida y el Estado debe garantizarlo a todos los ciudadanos.
En Rosario de la Frontera se han multiplicado los reclamos por actos de robo y vandalismo, llevados a cabo con total impunidad por grupos de jóvenes fuera de control, frente a la impotencia policial.
Hace poco tiempo, un relevamiento realizado en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia daba cuenta de que en esa vasta zona, donde operan unas 300 bocas de expendio de droga, el 40 por ciento de los móviles policiales estaba deteriorado.
En Pichanal, esta semana, tras la muerte de un joven, cientos de vecinos denunciaron el incremento de la droga y la indefensión ciudadana. En Metán, el pedido de la creación de un organismo oficial que controle las adicciones y contenga a los jóvenes generó cientos de llamadas a los medios de comunicación en adhesión a la propuesta.
En la zona de frontera, en Salvador Mazza especialmente, la situación es extraordinariamente crítica, agravada ahora por el traslado de la Gendarmería a veinte kilómetros del límite.
No se trata de planteos ideológicos ni, mucho menos, de “sensaciones”, un término que utilizan los funcionarios políticos para intentar minimizar el reclamo o disimular la impotencia.
Se trata de un nuevo desafío del mundo contemporáneo, en el cual entraron en crisis no solo la seguridad, sino también la escuela, el empleo y la capacidad del Estado para afrontar las necesidades sociales. Este desafío se plantea con crudeza en nuestra provincia.
Es necesario reconocer que en muchas oportunidades las autoridades no aciertan el diagnóstico y no parecen registrar que muchas cosas han cambiado en materia de seguridad. Siete crímenes mafiosos en tres meses no son episodios que hayan ocurrido siempre, como no es cierto tampoco que la droga haya sido siempre la preocupación principal de las familias.
El paco exige un compromiso de toda la sociedad, articulada con las instituciones del Estado.
Según datos oficiales, en Salta hay, promedio, cinco operativos antidrogas y siete presos diarios, así como un incremento de presos federales por narcotráfico. Se reconoce que el fenómeno es "incontrolable”. Como respuesta, las autoridades informan la pronta incorporación de más móviles policiales, la habilitación de talleres para la reparación de patrulleros en las grandes ciudades y la provisión de motos y bicicletas.
El esfuerzo debe ser continuo y reflejarse en el presupuesto, porque, entre tanto, los grandes criminales que pululan a ambos lados de la frontera circulan en camiones 4 x 4, con GPS, visor nocturno y armas automáticas. Estamos ante un problema grande y el primer paso para resolverlo es asumirlo en toda su magnitud, restableciendo al mismo tiempo la profesionalidad y la eficiencia de una policía que debe recuperar su histórico rol de generadora de seguridad y garante de los derechos de los vecinos.