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El exjuez de Familia de Metán, David Protti, había solicitado en un fallo del año 2006, que se investigue la venta de bebés al revelar que una abogada de esa localidad sospechosamente había tramitado desde 1999 hasta ese año veinte guardas de niños con fines de adopción.
Protti se desempeñó en ese cargo desde 2003 a 2008 y actualmente es secretario letrado de la Corte de Justicia de Salta.
En las últimas semanas el cargo que ocupa Protti en el máximo tribunal quedó en medio de un nuevo cruce entre la Cámara de Diputados y la Corte. La relación de ambos poderes se ha visto afectada por una sucesión de casos que unen el pedido de investigación de las adopciones otorgadas en Metán (lanzada por el diputado Pedro Sandez y luego su par Guillermo Martinelli), la causa por la entrega de lotes fiscales en Tolloche a personas vinculadas a funcionarios y legisladores y la designación de secretarios de la Corte.
Las dudas
En la resolución que Protti firmó hace seis años, a la que tuvo acceso El Tribuno, el exmagistrado no hizo lugar a la guarda de una menor metanense solicitada por un matrimonio de la provincia de La Pampa a través de la abogada de Metán, Lilian Mabel Barroso.
“Se intenta utilizar estos autos para burlar la metodología de selección de adoptantes propuesta por la acordada 8640. Pero eso no es lo más grave, el proveyente tiene además la convicción de que la “elección” de los futuros padres adoptivos por parte de la madre biológica ha estado condicionada por beneficios que ha recibido de estos”, señaló Protti.
Concluyó que era evidente que la madre biológica había asumido el compromiso de entregar a su hija antes de quedar embarazada y que incluso las pruebas habilitaban a conjeturar que fue contratada para que se embarace.
El exjuez denunció en el fallo que tenía la convicción “que estamos ante la compraventa de un niño. Lo que obviamente no puede ser tolerado por ningún organismo del Estado, particularmente por el Poder Judicial que es el encargado de velar por el respeto de la Constitución”.
En el escrito reveló además que la madre de la menor, Martha Ruiz, mintió cuando declaró en aquella oportunidad y ocultó sospechosos antecedentes.
Los expedientes 9262/00 y 10.811/03 demostraron que luego de haber tramitado la guarda se concedieron las adopciones de dos de sus hijos recién nacidos a matrimonios residente en las ciudades de Santa Rosa y de Mar del Plata.
Lo llamativo es que tampoco existía ningún vínculo ni relación anterior entre los adoptantes y la madre biológica.
La letrada
“De la investigación se desprende que la abogada Lilian Barroso ha iniciado ante este Juzgado veinte expedientes de guardas con fines de adopción (incluida la presente) desde 1999, y en ninguno de ellos se ha acudido al Registro de Adoptantes”, señaló Protti en el fallo de 2006.
El exmagistrado evaluó en aquel entonces que en todos los casos había sido para legitimar guardas de hecho. “Lo más grave es que son adoptantes que se domicilian en el sur del país, a más de 1.000 kilómetros y sin que pueda justificarse de ningún modo la elección de los mismos por parte de los padres biológicos, pues no se acreditaron vínculos previos que hagan razonable las entregas en guardas de hecho”, remarcó en su dictamen.
Protti fue más allá e investigó a fondo las irregularidades. “En el expediente penal 53.006/02 obran constancias que sindican a la nombrada letrada como intermediaria en la venta de niños”, denunció.
El exjuez señaló que para terminar en aquel entonces con el flagelo decidió denegar la guarda y colocar a la menor en estado de adoptabilidad.
Por último, en el mismo fallo, resolvió correr vista de todo lo actuado en el proceso al agente fiscal de turno “para que tome conocimiento y realice las investigaciones y/o promueva la acción penal que corresponda”.
Un caso sin certezas
El fallo del ex juez Protti fue apelado y en febrero de 2008 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, decidió revocarlo.
En la resolución se ordenó entregar en guarda con carácter asistencial a la menor, pese a los graves antecedentes y las irregularidades en las tramitaciones denunciadas por Protti.
“El sincero afán de aplicar o realizar el valor justicia, no autoriza a transformarse en justiciero”, indicó la Cámara. No obstante, entiende la inquietud del juez porque “ninguno de los solicitantes tiene domicilio en el Distrito Judicial del Sur”.
Los jueces sostuvieron que solo se estaba dirimiendo la guarda asistencial de la menor. Como consecuencia, las irregularidades sacadas a la luz por Protti, jamás se investigaron.
Un conflicto de poderes
El polémico caso de las adopciones de Metán, el conflicto por las tierras en Tolloche y la designación de secretarios en la Corte de Justicia de Salta, podrían generar un nuevo conflicto de poderes entre la Cámara de Diputados y el máximo tribunal salteño.
Uno de los detonantes fue el pedido de los diputados Pedro Sández y Guillermo Martinelli, quienes solicitaron que se investiguen las supuestas irregularidades en las adopciones autorizadas por la Justicia de Metán entre los años 2000 y 2010.
Un informe de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial enviado a la Cámara baja establece que la mayor cantidad de adopciones ocurrieron en 1999, con un total de 15. El secretario tutelar Ernesto Douthat, indicó en un informe que entre 1997 y 2008, en el Juzgado en lo Civil, Personas y Familia 1 de Metán se tramitaron 110 expedientes de adopción.