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Ahora molesta. Como si fuera un trasto viejo como esos que se tiene arrumbado en el fondo de la casa, la fragata Libertad retenida en el puerto de Tema en Ghana complicaría el tránsito naviero en el amarradero en el que se encuentra. Por tal motivo, la Justicia del país africano autorizó ayer que la nave sea trasladada a otro amarradero. Los abogados argentinos afirmaron que podría ser peligroso desplazar el barco, ya que los más de 280 miembros de su tripulación ya abandonaron Ghana el mes pasado.
Las autoridades portuarias de Ghana habían pedido a un juez que ordene el desplazamiento de la fragata al considerar que ocupa un espacio esencial en esa terminal, mientras que el fondo buitre NML no se opone a su traslado.
El buque escuela está retenido en el puerto de Tema desde el 2 de octubre por orden de un juez de Ghana que aceptó un reclamo del grupo inversor NML Capital por US$ 370 millones. La posibilidad de que la fragata fuera movida a otro amarradero ya era pública desde el día en que se ordenó evacuar la nave. Ahora solo resta esperar ver cuando regresa a puerto argentino.
Un argumento fallido y alarmante
La fragata Libertad no es un buque militar, es de servicios, según la Organización Marítima Internacional, de la que Argentina es miembro y acata sus resoluciones, declaró la diputada nacional Elsa Alvarez de la Unión Cívica Radical (UCR).
La diputada santacruceña explicó que “a través de la Cancillería el Gobierno ha dicho ante los distintos foros y tribunales internacionales que la fragata Libertad es inembargable porque es un buque de guerra. Sin embargo, por resolución de la Organización Marítima Internacional, se aprobó un sistema de asignación de números OMI a los buques, para su identificación. Nuestro país aceptó voluntariamente la resolución y la Fragata Libertad tiene asignado un número de identificación IMO 6125398 y, por lo tanto, no es un buque militar, sino un buque de servicios bajo la matrícula Q2”. Es Fragata (Q-2) ARA Libertad.
Frente a esta novedad Alvarez presentó un pedido de informes y cuestionó “el desconocimiento del gobierno en este caso”.