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El caso Marita Verón desnudó una cadena de responsabilidades alarmante de la que no se salva ningún poder del Estado. No se salva la Justicia, que con una lentitud que roza la obscenidad dejó una cruda sensación de impunidad con su absolución generalizada. Incluso, al descreer de los testimonios de otras víctimas de trata, sentó un precedente preocupante para la resolución de otras causas similares. No se salva el Ejecutivo, que estuvo ausente en no evitar el secuestro de Marita, en no aportar una sola prueba que ayude al esclarecimiento del caso y en no combatir frontalmente a la mafias protegidas por el poder. Y no se salva el Congreso, que aún sigue brillando por su ausencia: la ley de trata no fue discutida en todo el año por Diputados pese a tener media sanción del Senado. Cristina, en medio de su ofensiva por la ley de medios, apuntó lógicamente sus cañones contra la Justicia, pero evitó ir más allá.