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El documento emitido por el Episcopado el jueves último va mucho más allá de la crítica a un Gobierno, el de Cristina de Kirchner. Llama la atención sobre la crisis social, la fragilidad de las instituciones y los cambios de orden moral
La invocación a “Jesucristo, Señor de la historia” supone un cambio en la mirada sobre la realidad social. Era la definición preferida de los teólogos de la Liberación en los años posteriores al Concilio, cuando estos obispos eran seminaristas. Esta Iglesia nada tiene que ver con aquellos prelados integristas que identificaron la Redención con el terrorismo de Estado. “La patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad” dice el texto, dirigido a todos los líderes y corrientes políticas: “Todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por una dirigencia que no piense solo en sus propios intereses, sino que se preocupe prioritariamente por el bien común”. Hablan, explícitamente, de “la persistencia de esta crisis moral y cultural”. Las observaciones críticas con respecto al derecho a la vida, la familia y la educación hacen referencia a una tendencia generalizada y plasmada en leyes sancionadas por amplia mayoría: exceden al Gobierno. “Constatamos una angustia generalizada en nuestro pueblo por la vida de los jóvenes. Es enorme la cantidad de ellos que no estudian ni trabajan: ésta es una de las hipotecas sociales más desafiante para los argentinos. La droga se extiende por el crecimiento del crimen del narcotráfico y la red de complicidades que lo sustentan”. El documento se hace eco de un reclamo generalizado entre la gente y admitido por el oficialismo. La Iglesia apuntó a una cuestión de fondo. El problema radica en saber por qué se lo interpreta como el más duro contra el actual gobierno. Es como si la piel social estuviera excesivamente sensibilizada. Es cierto que los obispos hablan de “el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables”, justamente después de dos movilizaciones espontáneas, un paro activo y un fuerte conflicto con Clarín. Y hablan de “excesivo caudillismo” y de la frágil independencia del Poder Judicial.
Es razonable que el gobierno se sienta cuestionado, porque forma parte de una cultura política interpelada por la Iglesia, pero el mensaje está claramente dirigido a todos los dirigentes, aunque los opositores queden con frecuencia fuera de la escena. “Queremos ser una nación basada efectivamente en un sistema republicano, representativo y federal”, dicen los obispos. Una apuesta al orden constitucional, nada más. Pero es difícil hablar de ese sistema institucional en un país como el nuestro que desde hace un siglo enfrenta sin suerte una cultura autoritaria e hiperpresidencialista.
