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Para las elecciones legislativas provinciales y municipales del próximo año, el Tribunal Electoral de la Provincia manejará un presupuesto de 39.127.930 millones de pesos.
Esta cifra representa un aumento de más de $35 millones respecto al monto normal para funcionamiento que el Tribunal tuvo este año: 3.493.456 pesos.
Los más de 35 millones de diferencia serán utilizados para implementar el sistema de votación electrónica en toda la provincia.
En los debates que se dieron este año en la Legislatura provincial, el oficialismo admitió que el voto electrónico es mucho más caro que el sistema tradicional y que el mantenimiento del sistema implicará un costo permanente.
El Gobierno ya dispuso pagar 699 mil pesos al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) por la difusión del voto electrónico.
El convenio, que también fue firmado por el Tribunal Electoral, promueve la difusión de la reforma electoral y el uso del voto electrónico por dos años e incluye acciones de capacitación, de difusión y de asistencia técnica.
Además, el Gobierno salteño contrató por 245.000 mil pesos un servicio de voto móvil para capacitar sobre la votación electrónica.
El inusual servicio fue contratado por el Ministerio de Gobierno, que encabeza el renovador Julio César Loutaif, para que recorra toda la provincia, pero este año tuvo poca actividad.
Los 944 mil pesos, 699 mil para el Cippec y el casi cuarto de millón por el servicio de voto móvil, sumado al presupuesto de más de 39 millones asignado al Tribunal Electoral, muestran una firme disposición al uso del dinero público para que el voto electrónico no fracase en las elecciones legislativas, provinciales y municipales, que se realizarán el próximo año.
Originalmente, el Gobierno se había puesto como objetivo avanzar progresivamente hasta el 2015. Pero a fines del 2011, aduciendo una reforma política, decidió que el sistema de votación electrónico se aplique en el 2013 en toda la provincia.
El debate que quedó pendiente
Diputados opositores promueven una ley reglamentaria para que los partidos compitan el próximo año en igualdad con el oficialismo, tanto en las primarias como en las legislativas provinciales.
La iniciativa, que ingresó a la Cámara baja, impulsa normas para que en los 30 días de campaña se suspenda la publicidad oficial, la inauguración de obras del Estado y actos oficiales. También promueve reglamentar, con criterio de igualdad, los espacios de publicidad en los medios para todas las fuerzas.
Estas normas se sumarían a las que ya fueron establecidas para otorgar transparencia al voto electrónico.