Argentina es un país adherido a los tratados internacionales de derechos humanos pero sostiene reglas de juego que permiten olvidar o relativizar el abuso sexual a una mujer. El rechazo a esta paradoja atraviesa diferentes sectores y marca con un reclamo de cambio el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy.
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Argentina es un país adherido a los tratados internacionales de derechos humanos pero sostiene reglas de juego que permiten olvidar o relativizar el abuso sexual a una mujer. El rechazo a esta paradoja atraviesa diferentes sectores y marca con un reclamo de cambio el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy.
Organizaciones de diferente extracción demandaron ayer que se elimine del Código Penal el “avenimiento”, una figura que plantea la posibilidad de que los jueces dejen sin efecto la causa contra un violador a pedido de su víctima.
Referentes de derechos humanos reprochan esta regla porque deja abierta la puerta para que las mujeres abusadas sean empujadas a “acordar” el perdón bajo diferentes presiones. También plantean que una víctima no está en condiciones de decidir después del impacto emocional de la violencia.
En diciembre de 2011, el asesinato de una adolescente en La Pampa llamó la atención sobre este polémico beneficio para el acusado que todavía es legal.
Carla Figueroa, de 19 años, había manifestado su acuerdo para que liberaran al padre de su hijo, que estaba en la cárcel por haberla violado. El victimario, de 21 años, salió del penal y la mató 8 días después.
Esta posibilidad aún aceptada por el Código Penal puede usarse fácilmente en numerosos casos en que los violadores son parejas, exparejas, parientes o conocidos de las víctimas.
“Los jueces no deberían aplicar el avenimiento aunque esté en la legislación. Resulta absurdo. La Constitución Nacional adhiere a tratados internacionales que protegen a las mujeres y es la norma superior”, dijo a El Tribuno Cristina Garros Martínez, exintegrante de la Corte de Justicia de Salta.
“En estos casos hay presiones familiares, promesas del victimario y otras situaciones que hacen que la mujer que fue sometida a la violencia no esté en condiciones de dar su consentimiento con plena libertad”, describió Garros Martínez.
Mónica Menini, abogada especialista en derechos humanos y exsecretaria de Niñez y Familia, consideró que mantener vigente el avenimiento es similar a pensar que la violación es culpa de la mujer “si vestía de determinada manera o estaba en determinado lugar” en el momento del ataque.
“Está claro que esta figura es una nueva victimización. Entra dentro de los mecanismos de invisibilización de la violencia de género. El Código Penal muestra una ideología que persiste y que considera que el abuso a una mujer no es un delito imperdonable”, dijo Menini.
La abogada también cuestionó lo que consideró parte de una doble moral. “No hemos conseguido alternativas de tratamiento que no sean la cárcel para jóvenes que cometieron delitos leves, pero creemos que se puede dejar en libertad a un violador”.
Organizaciones de derechos humanos de Salta presentaron petitorios ayer en la Cámara de Diputados de la provincia, en el Concejo Deliberante y ante los legisladores nacionales para que se derogue el avenimiento.