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La noticia sobre la quita del área Tartagal Oeste a la empresa YPF, un yacimiento improductivo ubicado a 17 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento San Martín, tuvo amplia repercusión en los medios, luego de iguales “sanciones” adoptadas contra la petrolera que hoy maneja un examigo de la Casa Rosada: Sebastián Eskenazi.
Llamativamente, la avanzada contra YPF tuvo en el seno de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) a dos fogoneros con directa responsabilidad en el derrumbe hidrocarburífero: el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Energía, Daniel Cameron.
Con intervención de ambos funcionarios, además, los gobernadores de la Ofephi intimaron a las operadoras a levantar sus producciones de gas y petróleo un 15% hasta el año próximo, bajo advertencia de perder sus concesiones.
Quienes saben de hidrocarburos notaron que, lejos de toda razonabilidad, esa meta es incumplible en condiciones aceptables.
Un exdirectivo de YPF en el norte marcó que la intimación a las operadoras adolece de una aclaración esencial: que el aumento de las producciones no suponga achicar, aún más, el horizonte actual de las reservas.
La calificada fuente aseguró que resulta imposible esperar los niveles de producción exigidos en los yacimientos. Y si ello ocurriera, sugirió abrir causas contra operadores privados y funcionarios, porque quedaría en evidencia que las operadoras mantuvieron “guardado” el gas en medio de la crisis y que los organismos competentes hicieron la vista gorda a sus deberes.