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Comunidades originarias de Salinas Grandes, del lado salteño, recurrieron a la Secretaría de Minería para defender su fuente laboral, ante la denuncia realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de grupos aborígenes jujeños, quienes consideran que no fueron consultados para la concesión de la exploración y explotación de litio y potasio en la zona.
A las 9, un grupo de representantes se presentó en esa secretaría para manifestar los problemas que surgieron a raíz de la denuncia realizada por 33 comunidades jujeñas en contra de la actividad.
Los habitantes pertenecientes a las comunidades collas manifestaron estar a favor de la minería porque esta actividad, junto con el turismo, son las únicas que les dan la posibilidad de tener puestos de trabajo. “Nosotros apoyamos a la empresa para que siga ahí, dándole empleo a la gente”, dijo a El Tribuno Carlos Martínez, representante colla.
Desde la Secretaría de Minería se comprometieron a fomentar una explotación minera sustentable, que cumpla con todos los requisitos para evitar la contaminación. Además, prometieron brindar capacitación a las comunidades aborígenes para generar mayores oportunidades laborales de sus integrantes.
El secretario de Minería de la Provincia, Ricardo Salas, expresó que el desarrollo de la zona depende mucho de esa actividad. “Debe ser una minería sustentable, que cuide el ambiente, que les dé oportunidades laborales”, señaló.
La minera está ubicada en Salinas Grandes, paraje Cangrejillos, departamento La Poma, desde hace dos años y emplea alrededor de 20 personas, aunque llegó a utilizar hasta 70 obreros locales. Está en una etapa de exploración en la que se invierte dinero para conocer si el recurso es redituable económicamente.
“Esta inversión proviene de empresas extranjeras que tienen como prioridad la buena relación de la minera con la comunidad en la que está inmersa”, contó Silvia Rodríguez, presidente de la compañía South American Salars SA.
Agregó que “la denuncia de las 33 comunidades es maliciosa y perjudicial para todos”.
En cuanto a los despidos realizados por la empresa, Rodríguez manifestó su preocupación, señalando que se debían a la falta de inversión.
La denuncia realizada ante la Corte por parte de las comunidades jujeñas frenó la llegada de nuevos capitales a la zona.