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El Frigorífico Brunetti está dispuesto a dar batalla y llegará a la Suprema Corte en su reclamo de inconstitucionalidad contra aquella ordenanza de 2008 que le exigía dejar el barrio Solís Pizarro. En el predio, el Concejo Deliberante decidía crear un centro cultural.
El abogado Pedro Oscar García Castiella, patrocinador del frigorífico Brunetti, había planteado de inmediato una acción de amparo, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Le dieron el amparo, pero la cuestión de fondo llegó a la Corte salteña, que falló contra Brunetti y le denegó el derecho de apelar ante la Corte Suprema de la Nación. García Castiella ratificó que llegarán al máximo tribunal a través de un recurso en queja. “La Corte Suprema va decidir si corresponde o no el recurso”.
Como se recordará, este caso comenzó cuando el Centro Vecinal del barrio Solís Pizarro denunció al frigorífico por contaminación y malos olores. Posteriormente, el Concejo Deliberante capitalino decidió intervenir con el dictado de la ordenanza 13328, en la que propone la expropiación de las 10 hectáreas donde se asienta el frigorífico. Se trata de una ordenanza que avanza sobre la propiedad privada y sobre una empresa que genera 90 empleos directos. La acción judicial iniciada por Castiella pivoteó, por una parte, en la “falta de precisión” de la norma, que plantea un mandato pero no precisa las soluciones concretas para que el frigorífico siga funcionando. Además, destaca “el valor multiplicador” de esa empresa en la economía local.
Sin embargo, en un comunicado, la Corte salteña informó el rechazo de la demanda y del recurso federal.
La resolución de la Corte fue dividida, ya que los jueces Félix Díaz y Fabián Vittar, contrariamente a los otros jueces, coincidieron en que el reclamo ante el máximo tribunal es procedente.
“Resoluciones de esta naturaleza lastiman la seguridad jurídica”, se lamentó García Castiella. “Hay dos ministros que se pronunciaron contra la denegación del recurso federal y el fiscal ante la Corte, Alejandro Saravia, quien calificó lo dispuesto en la ordenanza como una ligereza que consagra un franco avasallamiento a la propiedad privada“.
El abogado García Castiella destacó que la cuestión ahora es estrictamente tribunalicia. “Es inapropiado hablar de contaminación cuando en todos estos años no fue posible verificar un solo caso. El establecimiento no produce efluentes de ninguna naturaleza, no hay contaminación visual ni olfativa y, conscientemente, se ha ajustado todo el funcionamiento a los estándares óptimos, se han investigado hasta los pozos de agua circundantes y el subsuelo y no se ha registrado contaminación alguna”.
El letrado recalcó que la ordenanza cuestionada trata con ligereza “a la firma CIACSA, cuyo efecto dinamizador sobre la actividad pecuaria de la provincia es evidente y verificable”. Salta depende aún del suministro de carnes de otras provincias, pero desde principios de los años '90 hasta 2007 llevó su rodeo de 200 mil cabezas a un millón. “No se puede desalentar a un frigorífico que contribuye al aumento de la zafra anual en una provincia que debe asumir decididamente su vocación ganadera”, concluyó García Castiella.