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En medio de una crisis energética que el propio gobierno reconoce, el conflicto con YPF, desencadenado en diciembre pasado, se prolonga peligrosamente y afecta a la actividad hidrocarburífera. Nuestro país tiene recursos energéticos potenciales que asegurarían el autoabastecimiento, pero hoy importa cerca de diez mil millones de dólares anuales en combustibles.
YPF aporta el 30 por ciento del gas y del petróleo que se consumen en el país. En diciembre pasado, el director ejecutivo Sebastián Eskenazi -socio de la empresa y con excelente relación, hasta entonces, con el Gobierno nacional- se negó a importar gasoil a pérdida. A partir de ese momento se rompió la relación y comenzó una campaña muy fuerte de desprestigio, que logró derrumbar la cotización de la empresa en un 35 por ciento.
Todo indica que hay una decisión de nacionalizarla o estatizarla, total o parcialmente. Hasta hace pocos meses, el Gobierno consideraba a YPF una empresa ejemplar y le pronosticaba un futuro tan promisorio como el de la brasileña Petrobras. Hoy se le atribuye la responsabilidad de la crisis energética. Los cambios drásticos en la valoración de los proyectos y cualquier forma de boicot sobre las empresas desalientan las grandes inversiones, y las petroleras necesitan garantías para llevar a cabo los trabajos de exploración, que demandan cifras en dólares muy elevadas.
Las cuentas fiscales no permiten suponer que el Estado argentino disponga de la holgura de fondos que requiere la explotación petrolera. En cambio, con decisión política, puede estar en condiciones de brindar seguridad jurídica para alentar la inversión privada.
Más allá del caso puntual de YPF, nuestro país necesita superar la extrema dependencia energética que hoy padece.
Una solución traumática, en el caso de la principal compañía hidrocarburífera, será mala para el país, ya que ahuyentará las inversiones futuras y, además, generará conflictos con el Gobierno español, que tiene especial interés en defender a Repsol, el socio mayoritario de la petrolera argentina.
La solución debe ser, entonces, rápida, consensuada y armoniosa.
Una nueva terminal, en un lugar adecuado
El derrumbe de las plataformas de la terminal salteña de ómnibus es un problema grave y, al parecer, sin una solución más o menos cercana.
A simple vista, resulta evidente que no se trató de un accidente, ya que era de prever que una losa tendida sobre un canal no soportara el peso muerto -y en movimiento- de unos 300 ómnibus a diario.
Claramente, existen fallas estructurales originadas en un suelo inadecuado para obras de esta naturaleza. Ante la magnitud del derrumbe, es bueno tener en cuenta que pudo ser peor.
A esta altura, el futuro de la reparación es incierto. La empresa Terminal de Salta SA debe hacerse cargo de la obra y es probable que existan dificultades financieras. El sentido común indica que el problema en cuestión va mucho más allá de una gestión municipal o de un interés empresario.
La terminal debe brindar seguridad. En consecuencia, es necesario buscar otro emplazamiento, ya que cualquier proyecto supone que seguirá funcionando sobre el canal.
El despliegue turístico que alcanzó Salta desde que se planteó el proyecto original para reformar la terminal, hace más de una década, obliga a pensar en una alternativa completamente nueva, acorde con las necesidades actuales y futuras. Si el turismo desembolsa un millón de dólares diarios, como informan las autoridades provinciales, la nueva terminal debe estar a la altura de las circunstancias. Desde el 14 de enero, cuando las plataformas se derrumbaron, todo parece girar dentro de un círculo pequeño de posibilidades. Es necesario que la Provincia y la Municipalidad busquen el emplazamiento adecuado para la que será, por muchas décadas, la puerta de entrada de Salta para los turistas; una puerta de entrada que debe ser amplia, accesible y dinámica.
Seguir poniendo parches será un grave error.