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El juez en lo Comercial Javier Cosentino intimó a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) a que informe antes del próximo miércoles quiénes la componen y advirtió que, de no hacerlo, podría separar a la actual
administración de la empresa.
Así lo indicó a través de una resolución firmada el último jueves y comunicada ese mismo día a la empresa que es investigada por el presunto vínculo del vicepresidente Amado Boudou con Alejandro Vandenbroele, quien figura como presidente del directorio de la compañía desde que a ésta se le levantó la quiebra.
Mientras que el 30 por ciento de la empresa pertenece a la familia Ciccone, el 70 por ciento es controlado por el fondo de inversión The Old Fund, cuyos reales dueños se desconocen, y por ello la Justicia pidió ahora que se informe acerca del estado actual de la firma.
En su resolución, el juez Cosentino le dio a la empresa 48 horas para responder a la intimación, pero el plazo vencería el miércoles próximo, debido a los días inhábiles de viernes (feriado), sábado y domingo.
Si la ex Ciccone no presenta el informe requerido para ese día, el magistrado podría disponer la separación de la actual administración de la empresa -que aún se encuentra en concurso de acreedores-, según se desprende de la resolución judicial publicada por un matutino porteño.
"Intímase por última vez a Ciccone Calcográfica SA a efectos de que en el plazo de 48 horas cumpla con lo solicitado por el Tribunal, bajo apercibimiento de disponer la separación de la administración de la deudora, de conformidad con lo dispuesto por la la Ley de Concursos, art. 17", establece la resolución.
Cosentino pidió saber si la compañía hizo las declaraciones juradas ante el Fisco en tiempo y forma; también pidió conocer el estado del plan de pagos acordado con la AFIP; si existen pasivos postconcursales; el personal dependiente de la empresa y la actividad que desarrolla en la actualidad.
La sidicatura del concurso de la ex Ciccone había pedido que la empresa abriera sus libros contables y societarios, pero los nuevos dueños de la compañía se negaron a hacer y se ampararon en el secreto fiscal y bancario.
Sin embargo, el secreto fiscal y bancario en torno a la empresa fue levantado la semana pasada por el juez penal, Ariel Lijo, quien investiga si hubo algún delito en el salvataje de Ciccone tras la declaración de quiebra.
Lijo unificó esa causa con una por presunto enriquecimiento ilícito que afecta a Boudou y, de esta manera, apartó al fiscal Carlos Rívolo, quien semanas atrás había ordenado el allanamiento de un departamento que el vicepresidente tiene en Puerto Madero.