“Argencampo quiere llevar tranquilidad a todos los pobladores de Los Toldos; nadie los va a sacar de allí”, aseguró uno de los abogados de la firma, Martín Ruiz, a El Tribuno.
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“Argencampo quiere llevar tranquilidad a todos los pobladores de Los Toldos; nadie los va a sacar de allí”, aseguró uno de los abogados de la firma, Martín Ruiz, a El Tribuno.
El letrado, acompañado por Marcos Ottati y la apoderada de Argencampo Graciela Viera, dio una versión totalmente diferente sobre lo que podría suceder en ese poblado salteño que corre peligro de ser rematado.
Las versiones oficiales indican que el pueblo de Los Toldos y zonas aledañas corre peligro de desalojo ya que había una hipoteca impaga de la firma Argencampo, razón que exponía a las tierras al remate.
Sucede que la firma tiene en su poder una cédula parcelaria por la que se confirma que toda la zona (pueblo incluido) es de su propiedad, aunque también los vecinos dicen tener otros documentos en los que consta que también son los poseedores legítimos. En lo que todos coinciden es en el catastral que impera en ese municipio.
Hasta 1925 esas tierras pertenecían a Bolivia. A partir del convenio “Diez de Molina-Carrillo”, firmado en La Paz el 9 de julio de ese año, se estableció el límite definitivo con el vecino país y todas esas tierras pasaron a ser de Argentina. Surgió entonces la necesidad de inscribir los títulos de propiedad, antes bolivianos, a los registros argentinos.
En el documento se puso un plazo de un año para la presentación de la solicitud y del croquis firmado por un agrimensor, estableciendo límites, ubicación y superficie del lote.
Muy pocas personas cumplieron con todos los trámites requeridos, por lo que todo siguió normal e irregular.
La otra postura
Argencampo asegura que nunca recibió dinero del préstamo otorgado por el Banco de Crédito Rural Argentino.
“Es Calesa S.A. la que cobra el dinero del crédito y la que constituye la hipoteca a nombre Argencampo en 1987”, aseguró Graciela Viera en su visita a este diario. “La que debía pagar es Calesa S.A.”, sintetizó la apoderada.
Viera aseguró haber investigado durante años el engaño al grupo de accionistas de Argencampo y haber descubierto que el mismo hombre, que era dueño del banco acreedor (hoy liquidado), era el propietario de Calesa. “Es decir, el mismo señor de apellido Antuña se prestó dinero y nunca lo devolvió”.
El parque nacional y la reserva natural
La propiedad de la firma abarca toda la zona, desde el parque nacional Baritú hasta la frontera con Bolivia. Además tiene, dentro de su superficie, la reserva El Nogalar que debería entrar en la regularización, según se informó.
“La intención de la firma no es desalojar, ni desapropiar. Queremos que los vecinos se tranquilicen y no se dejen llevar por gente que quiere un rédito político”, dijo el abogado Martín Ruiz a El Tribuno. Y agregó: “Hay una sumatoria de irregularidad impresionante”.
El letrado indicó que la intensión del grupo accionario desde siempre fue regularizar la situación de tierras del pueblo.
Piden una reunión
“Acá se está batallando por algún rédito político”, opinó Marcos Ottati. El abogado aseguró también que ya se hicieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), con el director de Inmuebles, Esteban García Bes, y “hasta con el gobernador Juan Manuel Urtubey, pero nunca se solucionó nada”.
Ottati consideró que la intención “es confundir y alterar el orden público” sobre la situación que afecta al pueblo de Los Toldos y a sus pobladores desde hace muchos años.