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El episodio protagonizado por Nicolás Mendoza y Maximiliano Delale con un grupo de policías del 911, en General Güemes, debe quedar claro. Diáfanamente claro.
La policía debe actuar dentro de la ley, y los ciudadanos también.
La información que dio a conocer ayer el secretario de Seguridad habla de una pelea violenta en la que resultaron heridos los dos jóvenes y dos policías. Sobre ese punto, la Justicia deberá expedirse.
Mucho más oscura es la denuncia de denegación de atención médica para Delale en el hospital de Gemes. Directamente: de ser cierto, sería inadmisible y el Ministerio de Salud no tendría ninguna excusa para seguir guardando silencio y escudándose en evasivas. Lo que no se aclara, permanece a oscuras.
Hace tres semanas, el volante central de Juventud Antoniana Rodrigo Ríos sufrió una grave fractura en su pierna izquierda luego de recibir una brutal golpiza por parte de un grupo de policías en las afueras del boliche “Puerto Megadisco”. Probablemente no vuelva a jugar.
En esos mismos días, Luis Rolando Rodríguez, un albañil de Tartagal, también fue golpeado brutalmente por uniformados.
La noche y el alcohol suelen activar la agresividad de algunas personas, pero los policías no deberían actuar como patoteros.
La contracara de estos hechos la ofrece barrio Unión, en Salta capital, donde una pandilla se dedica asediar a los policías con la esperanza de que se vayan y, de ese modo, les dejen vía libre para acosar a los vecinos.
La gente común, en cambio, reclama que se queden porque, está probado, el delito decrece cuando aumenta la presencia policial.
La seguridad es algo muy serio para la ciudadanía. Es la principal preocupación colectiva.
Para garantizarla hace falta una buena policía, que viva y funcione en armonía con la comunidad.
La función policial es la de garantizar el orden, y el orden está expresado en la ley.
La tarea policial, como todo en el orden jurídico, transita en un delicado equilibrio.