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Momentos cruciales vive la región. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, podría ser destituido hoy si el Senado, que lo juzga desde ayer, decide condenarlo por mal desempeño de sus funciones. El mandatario, que ayer dijo que no renunciará, afronta una avanzada de los partidos de oposición pero también de sus aliados oficialistas, quienes mayoritariamente apoyaron el juicio político en la Cámara de Diputados.
La razón para enjuiciar al presidente fue la tragedia ocurrida en el paraje Caraguaty el 15 del corriente, cuando un grupo de policías se enfrentó a un centenar de campesinos sin tierra que ocupaban una finca privada para desalojarlos. El enfrentamiento dejó 9 campesinos y 8 policías muertos.
Lo notable del caso es que el mismo presidente advirtió el miércoles que había serios indicios de que el crimen organizado estuvo involucrado en el suministro de armamento a los campesinos, quienes atacaron a la Policía con armas de guerra, como Itakas.
El mismo miércoles, en una maniobra a todas luces orquestada de antemano, la líder del opositor Partido Colorado, Lilian Samaniego, anunció que promovería pedido de juicio político a Lugo en Diputados, a lo que el mandatario contestó que se sometería sin problemas al proceso del Congreso.
Ayer, la Cámara Baja paraguaya admitió la iniciativa, y aprobó casi por unanimidad el inicio del juicio. Solo uno de los diputados votó por la negativa, lo que incluyó la aprobación de los propios partidarios del presidente y sus exaliados del Partido Liberal.
Cabe señalar que el propietario de la finca usurpada es un reconocido miembro del partido Colorado, el exsenador Blas Riquelme.
Llamativamente, el Senado se constituyó ayer tarde mismo en tribunal para el juicio político al presidente Lugo, y comenzó el proceso alrededor de las 18, mientras que la sentencia se conocerá hoy, a las 17 (siempre hora paraguaya).
En tiempo récord
En una sesión extraordinaria retransmitida por la televisión, los senadores aprobaron un completo reglamento del proceso, promovido horas antes por la Cámara de Diputados, y tomaron nota de la reunión de presidentes regionales en Río de Janeiro, que anunciaron el envío de una delegación de cancilleres de la Unasur a Asunción para verificar la transparencia del proceso.
De acuerdo con el calendario, tras la presentación de la acusación para la que cinco diputados habían sido designados como fiscales, hoy Lugo o los abogados que designe podrán comparecer para exponer su defensa en otra sesión fijada para las 12.
Seguidamente, el tribunal resolverá sobre la admisión o rechazo de las pruebas presentadas por las partes, y más adelante los fiscales y el acusado presentarán sus alegatos orales. Sobre las 17, se espera que el tribunal emita su sentencia.
Los fiscales tuvieron, anoche, una hora y media para presentar su acusación y tendrán 30 minutos para el alegato de hoy, mientras que a Lugo se le concedieron 2 horas para su defensa y media hora para alegatos.
Solo tres senadores, entre ellos Carlos Filizzola, que perdió su puesto de ministro del Interior por lo ocurrido en Curuguaty, apostaron ayer por conceder al presidente un plazo de tres días antes de proceder con el juicio político.
Filizzola calificó al proceso de “maniobra política para truncar el mandato” de Lugo, organizada de manera récord, algo insólito en la historia de Paraguay.