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Finalmente, el chico agredido por ser salteño en Fighiera, provincia de Santa Fe, no asistirá más a la escuela primaria de esa localidad. La familia le confirmó a El Tribuno que el pequeño oranense de 11 años seguirá sus estudios en un pueblo vecino, a 25 kilómetros de su hogar. Al salteño tuvieron que extirparle un testículo hace tres semanas y desde entonces no asiste a clases. Los padres encontraron las causas de esta decisión en que, hasta el momento, desde la escuela no habían mandado nunca a la docente particular destinada para que el alumno no pierda el año. “Si no quieren que siga ahí, nosotros tampoco”, dijo la madre.
“Nos preocupa que el Ministerio y las autoridades de Santa Fe no tomen urgentemente cartas en el asunto. Esto no puede seguir así. No puede ser que después de una denuncia por maltrato el Ministerio le dé garantías a una madre para que su hijo vuelva a la escuela y éste termine internado. Estamos a 30 años del retorno de la democracia y a 25 de la incorporación de los derechos del niño en la Constitución Nacional, pero parece que acá no nos enteramos. Cuando viene un extraño primero le decimos que se vuelva a su casa, hostigándolo psicológicamente durante un año, y después lo cagamos a palos. Pero lo más grave es que el chico se tuvo que ir de la escuela, les dieron el gusto a los directivos, que era lo que buscaban”, dijeron a este medio los abogados de la familia oriunda de Orán.
La madre del chico, Miriam Domínguez, de 45 años, se mudó a la localidad hace dos años, con sus tres hijos menores, para estar más cerca de su marido, René Ramón López, quien trabaja de embalador en el Mercado Central de Buenos Aires. “Desde el Ministerio de Educación solo nos aseguraron que nos van a dar rápidamente la autorización de traslado, para que pueda empezar cuanto antes las clases en la escuela del pueblo vecino”, contó Miriam. “Mi hijo está bien; claro que sigue con su tratamiento psicológico, pero estamos todos mejor. Lo que pedimos es que no nos abandonen en esta lucha, porque mi hijo perdió un testículo por ser salteño”, agregó.
Además, Miriam desmintió que el jefe de la comuna de menos de 7.000 habitantes les haya brindado contención, como había asegurado a El Tribuno. “Carlos Mariani, el intendente de Fighiera desde hace 12 años, nunca me transmitió su apoyo. En ningún momento vino a ver a los chicos o a preguntar si necesitábamos algún remedio o algo. Se reunió con los padres y docentes de la escuela, pero con nosotros en ningún momento”, dijo.
Los abogados de la familia confirmaron también que los padres salteños ratificaron y ampliaron ayer la denuncia penal en los juzgados de Rosario. Concretamente se agregó a la causa la figura de omisión de deberes de funcionario público, en relación con los docentes y directivos de la escuela, que no habrían tomado las medidas correspondientes después de la grave denuncia por discriminación planteada por la madre salteña en octubre último. “Ampliamos la acción penal para que se investigue por qué nadie hizo nada tras la denuncia formal de maltrato y discriminación que hizo Miriam en octubre. Más allá de la agresión concreta contra el chico queremos que se tengan en cuenta los antecedentes del caso y que se investigue por qué no se activaron los mecanismos para evitar lo sucedido”, dijeron los letrados. “Pedimos que el Ministerio de Educación de Santa Fe se ocupe del traslado del pibe hasta la otra escuela, que queda a 25 kilómetros de distancia. Además, queremos que se le brinde la asistencia psicológica que corresponda a él y a su familia”.
El pedido de informes salteño
Tras conocerse la noticia, autoridades de Derechos Humanos de Salta solicitaron a sus pares de Educación y DDHH de Santa Fe un informe detallado del tema. “El lunes se comunicó la secretaria de Educación de Santa Fe, en contestación al pedido, y nos informó sobre el envío de una comisión que está trabajando en el lugar desde el lunes. Estamos conformes, porque la comisión está integrada por la directora general de Escuelas Primarias, la supervisora general de Educación y una coordinadora de un gabinete socio-educativo”, dijo ayer Alavila, consultado por El Tribuno.
La Secretaría salteña de Derechos Humanos está ahora a la expectativa de los resultados que pueda acercar el equipo multidisciplinario de Educación.
“Nosotros vamos a ir haciendo un seguimiento, para que estos pasos efectivamente se estén dando desde las instituciones. La solución no es ir 30 kilómetros más lejos. Tendremos que seguir acompañando a esta familia para que esto no vuelva a pasar”, afirmó Alavila, y concluyó que los organismos santafesinos informaron que se encuentran investigando lo sucedido, pero mencionaron que las autoridades de la escuela habían sido renovadas en febrero último y “que no tenían un conocimiento acabado de lo sucedido en octubre pasado”. Además, se comprometieron a “investigar a fondo y aplicar sanciones si se verifica algún incumplimiento”.