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Hace unos días, un diario de circulación nacional reseñaba un caso extremo de violencia de género, ocurrido en Tucumán, en el que una mujer fue golpeada y quemada por un hombre con el que mantenía una relación.
Como tantas veces, las mujeres quieren creer en el afecto, en el amor -porque así han sido educadas- y aceptan de sus parejas formas de trato totalmente inaceptables, que van desde controlar sus llamadas telefónicas hasta prohibirles el contacto con familiares y amigos.
Su madre, en este caso, detectó el peligro y acudió a la Justicia y a la Policía para proteger la vida de su hija.
No fue escuchada (el argumento de la Oficina de Violencia Doméstica de Tucumán fue que como su hija era una persona adulta, había que esperar que “tocara fondo” y pidiera ayuda).
Este relato viene al caso para reflexionar sobre un tema que preocupa a todas las organizaciones de mujeres que desde distintos ámbitos (académicos, sociales, institucionales) intentamos trabajar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en nuestra sociedad. Y nos preocupa sobremanera que quienes son los encargados de administrar justicia a las ciudadanas víctimas de violencia no hayan incorporado en sus análisis la perspectiva de género y sostengan argumentos que exhiben una ignorancia inadmisible acerca de leyes y otros instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, cuando no una negación a aceptarlos y/o una resistencia injustificada a hacerse cargo de un tema que ya no puede ser ignorado.
Este mismo diario publicó recientemente que en lo que va del año son diez las mujeres que han muerto víctimas de un hombre que tenía o que había tenido un vínculo con ellas.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado un protocolo de trabajo en talleres para una justicia con perspectiva de género, para todo el país, a fin de crear una herramienta que permita a los diferentes actores del sistema de justicia hacer un cambio “que permita desterrar en toda práctica y/o relación cualquier sesgo patriarcal que reproduzca la desigualdad” (Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Mientras no se enfrente el problema teniendo en cuenta las relaciones de género preexistentes en la sociedad, que subyuga a las mujeres, que las forma en una subjetividad sometida a estereotipos sexistas, que no les permite tampoco convertirse en actoras de sus propias vidas, en sujetos autónomos y, por lo tanto, inhibe la posibilidad de protección a sus hijos/as ante los violentos, no habrá planes de prevención, capacitación y asistencia que puedan revertir esta terrible situación.
Violeta Carrique
Comisión de la Mujer UNSa