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Las familias de la comunidad aborigen cholonka que en junio fueron desalojadas por orden de la Justicia de la lonja de tierra que se recuesta sobre la ruta provincial 28 y el río Vaqueros, en la zona norte de la capital, resisten la decisión judicial desde un lugar cercano. Se asentaron a un par de kilómetros, en un predio que les prestó Valeria Toconás, porque “no tenemos otro lugar”.
Soledad Lobo, la abogada que representa a varias familias cholonkas, reconoció que la gente solo se trasladó unos kilómetros hacia el oeste y que siguen en la zona.
“La gente a la que represento no se quiere ir porque no tiene otro lugar adónde ir y porque se criaron en la zona: tienen sus lugares sagrados, sus animales y su vida armada en ese lugar, y no se puede desarraigar tan fácilmente”, dijo la letrada a El Tribuno. “La Justicia no tuvo una mirada antropológica sobre esta gente que sí es originaria”, señaló.
El desalojo de las familias se concretó en junio y fue supervisado por la jueza Mónica Faber para garantizar que se realizara sin violencia.
La situación límite llegó porque a principio de año miembros de la comunidad cholonka ocuparon un terreno fiscal que ya era habitado por la familia Alvarez. Tras los sucesos violentos, que terminaron con uno de los Alvarez con un cuchillo en la cabeza, la Justicia ordenó el desalojo.
El procedimiento
Genuflexa miraba Verónica Alfaro cómo la Policía le desarmaba su casa de bloques apilados. Tanto ella como los Sarapura y Cusicanqui se habían asentado en la zona norte capitalina. Familias con muchos niños y con necesidad habitacional quedaron, en junio, sin techo.
El procedimiento lo llevó a cabo la jueza Faber para garantizar que se realizara sin violencia alguna, teniendo en cuenta los hechos de violencia que habían sucedido.
Durante el desalojo, la magistrada jueza Faber le aseguró a las familias un lugar y la intervención ante la Provincia para que Tierra y Hábitat les cediera un predio, pero ahora las familias expulsadas no se quieren ir del lugar.