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Las muertes de dos niños en el hospital Materno Infantil impactaron con enorme fuerza en la opinión pública salteña y generaron la sensación de una profunda crisis en esta institución que se caracterizaba por funcionar con criterios de excelencia.
Es necesario despojar el análisis de la carga emocional que contiene. La muerte de un hijo no tiene explicación ni consuelo para los padres, pero los médicos están obligados a aceptar que forma parte -muy dolorosa- de la realidad cotidiana de su profesión.
Lo inadmisible es la negligencia, cuando se produce.
La crisis en el hospital salteño se convirtió en escándalo, básicamente, porque parece claro que en el Materno Infantil demoraron una tomografía que había sido solicitada por el médico que atendió en Cachi al niño accidentado en Isonza. Al trascender la grabación de una conversación entre los profesionales que analizaron el caso, parece quedar demostrado que la demora contribuyó a la muerte del menor y que los médicos intentaron ocultar esa mala praxis para eludir el accionar de la Justicia.
El audio de esa grabación se escuchó en todas las radios y con mucha insistencia, pero las autoridades optaron por guardar silencio sobre su origen y sobre su autenticidad.
No se sabe quién lo grabó, por qué lo hizo y por qué lo difundió. Se supone que se trata de uno de los participantes de la conversación y podría inferirse que trató, de esa manera, de evitar que le endilguen la responsabilidad por la muerte del niño de Isonza.
Hasta ahora solo se sabe que hay una acción penal caratulada como “homicidio culposo” y una medida preventiva, que fue la de suspender al neurocirujano Federico Chuchuy, quien operó a Luciano Martínez, pero que asegura no haber tenido injerencia alguna en la demora de la atención.
Los padres de Valentino, el otro niño cuya muerte desencadenó la actual crisis, denunciaron que la cirugía fue postergada dos meses por falta de profesionales.
Justamente, el once de junio, el gobernador Juan Manuel Urtubey había informado que las demoras de las cirugías en el Hospital Materno Infantil se deben a la falta de profesionales.
De ese modo, los problemas de salud vuelven a ocupar el centro de la atención pública. No se trata en este caso de problemas relativos a la medicina sanitaria, como a principios de 2011 en el Norte provincial, sino a la práctica clínica.
La carencia de especialistas parece más bien un problema de asignación de recursos, aunque el fenómeno se reproduce en todo el NOA y el NEA. La nuestra es una de las provincias que tiene menos presupuesto por habitante. La eficiencia o ineficiencia de los servicios depende entonces de la capacidad para administrar la escasez.
Ciertamente, no es bueno tener un presupuesto exiguo, y nadie puede garantizar, por otra parte, que una buena administración compense las carencias de profesionales.
Es necesario considerar, además, la realidad global del subdesarrollo social de nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires hay ocho veces más médicos que lo recomendado por la OMS (uno cada 86 habitantes), mientras que en Formosa y Misiones hay uno cada 900 habitantes. En nuestra provincia la relación es de uno cada 400 personas.
A su vez, un informe de la Organización Panamericana de la Salud revela que el 60 por ciento de los salteños carece de cobertura social.
Según datos del año 2010, entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires tienen un 56 por ciento del total de los médicos del país, mientras que provincias como Catamarca, Chaco o Chubut solo tienen un uno por ciento de los profesionales.
Queda a las claras que Salta tiene un problema estructural en salud pública y la ciudadanía necesita un mensaje tranquilizador. Es imprescindible, además, optimizar el presupuesto, tanto en cantidad de recursos como en la calidad y modernización de las prestaciones. Asumir el problema es el primer paso para empezar a resolverlo.