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El proyecto deja la impresión de que, en seguridad, se actúa sobre la coyuntura y no de manera preventiva.
Los policías en Salta deberán acostumbrarse a operar bajo nuevas modalidades, según se advierte en el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora se analizará en el Senado.
Es de esperar que esta iniciativa, girada desde el Ejecutivo, se transforme en ley en poco tiempo, dada la presión política que existe sobre el Gobierno luego de los casos de torturas y demás apremios ilegales por parte de efectivos policiales.
Los casos van desde denuncias por abuso de autoridad, hasta torturas que fueron filmadas en una comisaría de Gemes. Lo último fue una requisa que hicieron policías a chicos discapacitados en una escuela de Cafayate.
Esto ha generado un clima de malestar social, aunque no en todos los casos: en el tema de las torturas, la opinión de la gente parece estar más del lado de los uniformados, ya que se sabe que las víctimas tienen un frondoso prontuario por graves hechos delictivos en Gemes. Como sea, el delito no justifica la tortura como método desde un Estado de derecho.
Pero la opinión pública toma distancia del debate político cuando este último gira en torno de la necesidad de modificar la ley orgánica de la policía.
Es que el proyecto deja la impresión de que, para el tema de la seguridad, se actúa, una vez, más sobre la coyuntura y no de manera preventiva.
Esta sensación toma relevancia cuando desde los sectores más críticos de la sociedad señalan que, bajo esa misma metodología, la Legislatura se convierte de a poco en una caja de resonancia, donde únicamente las leyes importantes son las que envía el Ejecutivo para su pronto tratamiento y aprobación.
Los legisladores de la oposición advierten que es necesario revertir este abordaje coyuntural de las leyes, beneficiado por una mayoría incapaz de sugerir modificaciones para optimizar el cumplimiento de las normas aprobadas.
Para el caso particular de la nueva ley orgánica policial, el cambio más sustancial parece ser la creación de un área de Asuntos Internos, una especie de auditoría para el control de los procedimientos de la fuerza de seguridad. Está claro que se busca poner fin a los abusos.
“Hasta que no se cambie la moral del policía y hasta que no se modifique la naturaleza del trabajo policial, lo único que se va a mejorar es la represión interna, pero no cambiará para nada la conciencia. Hoy los efectivos están trabajando a desgano y con todo esto será mucho peor”, señalan desde las líneas operativas de la fuerza. Allí es donde se anida y crece el pensamiento de que hay demasiada sobreactuación y que existe una permanente puesta en escena de acciones que son generadas por reflejos tardíos de las jerarquías policiales que hoy están más cerca de la política, que de los propios cuadros policiales.