El reciente caso de Metán, donde una niña tuvieron que reconstruirle el rostro tras ser atacada por un pitbull, no es un hecho aislado. Es apenas otro episodio trágico que reaviva un debate eterno y todavía irresuelto: ¿Se deben prohibir las razas potencialmente peligrosas o el problema radica en los dueños que las crían sin la responsabilidad necesaria?
Cada vez que un perro ataca, sobre todo si se trata de un pitbull, el mismo péndulo se activa: de un lado, quienes claman por la prohibición total de estas razas; del otro, quienes sostienen que el animal no es culpable, sino su dueño. Mientras tanto, entre esas dos trincheras que no dialogan, la sangre sigue corriendo.
La respuesta a esta controversia no debería basarse en pasiones ni prejuicios, sino en la constatación de hechos: los ataques existen y muchas veces se podrían evitar. ¿Por qué no se evita entonces? Porque la problemática sigue atrapada entre el desconocimiento, la falta de control y la casi nula aplicación de leyes que ya existen.
Salta, por ejemplo, cuenta desde 2012 con una ley que regula la tenencia responsable de razas peligrosas. Exige registro obligatorio, establece multas y hasta penas de arresto en caso de ataques. También responsabiliza civilmente a los propietarios. En teoría, es una legislación moderna, clara y útil. Pero en la práctica, duerme el sueño de los justos.
La normativa estipula que los dueños de animales que produzcan lesiones a otra persona tienen una responsabilidad civil que implica hacerse cargo de los costos del tratamiento de la víctima. “El propietario del animal que haya mordido a una persona y que no esté inscripto, incluso podría ser arrestado”, explicaron en su momento los legisladores al fundamentar el proyecto de ley.
La norma menciona razas como rottweiler, pitbull y dogo, entre otras. Considera peligrosos a los canes que por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a personas o a otros animales.
El caso de Metán, donde una pequeña fue ferozmente atacada por uno de estos perros, es paradigmático, ya que en 2011 se impulsó la creación de un registro municipal de razas peligrosas, con reglas precisas sobre el uso de bozales, correas y multas por incumplimiento. Fue celebrado, anunciado y publicado. Pero al poco tiempo cayó en el olvido. Lo mismo ocurrió en Cerrillos y en otros municipios que, tras un par de titulares rimbombantes, no pasaron del discurso a la acción.
Así, la sensación de impunidad crece. Los perros vuelven a las calles sin control, sin bozal, sin correa, muchas veces con dueños que no están capacitados ni formados para criarlos. Y entonces, lo inevitable ocurre.
Responsabilidad compartida
En el centro de este problema hay una palabra clave, y es “responsabilidad”. Pero no solo la responsabilidad individual del dueño, sino también la del Estado. Porque si hay leyes y no se aplican, si hay normas pero nadie las fiscaliza, si hay campañas que no llegan, entonces la responsabilidad es compartida.
El pitbull, en particular, carga con una pésima reputación. Y no es casual. Su historia está ligada a la violencia. Su linaje proviene de perros criados para pelear con toros, osos y luego con otros perros. Son animales de gran potencia física, mandíbula poderosa y temperamento dominante. No son mascotas para cualquiera. No pueden ser tratados como un caniche. Criarlos exige conocimiento, tiempo, inversión y una firme vocación por la educación canina.
Los expertos coinciden en que, si no se los socializa desde cachorros, si se los aísla o cría en contextos violentos, los resultados pueden ser desastrosos. Un pitbull desestabilizado no da una segunda oportunidad.
Por eso, el foco debe situarse en garantizar que quien desee tener un perro de estas características cumpla requisitos rigurosos. Que tenga un curso aprobado, que disponga de condiciones adecuadas para su crianza, que se comprometa con los controles veterinarios y el cumplimiento de la ley. Que sepa, en definitiva, que un animal con poder de matar no es un juguete ni una moda.
Hoy la pregunta no es si prohibir o no. La pregunta es por qué, teniendo herramientas legales para prevenir, seguimos lamentando víctimas evitables. ¿Hasta cuándo la negligencia va a pesar más que el sentido común?
El camino es claro, aplicar lo que ya está escrito. Controlar, fiscalizar, sancionar y educar. Porque la tragedia se repite no por culpa del perro, sino por la desidia del humano. Y esa sí, no tiene raza.