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Los legisladores podrían analizar adaptaciones a la ley de violencia familiar si se concreta una propuesta de especialistas que trabajaron en el tema en las últimas semanas.
La ley provincial 7403 de protección a las víctimas se aprobó en 2006, tras un intenso debate sobre el caso de Rosana Alderete. La mujer y dos de sus hijos murieron acuchillados por el padre de la familia el 28 de agosto de 2004 pese a que ella había hecho cinco denuncias por los golpes y amenazas de su esposo.
La norma estableció los mecanismos por los cuales se podían evitar este tipo de casos y tuvo una amplia difusión. El texto determinó que los jueces están habilitados para pedir informes psicológicos y sociales dentro de las 24 horas desde que se hizo la denuncia.
También estableció que los magistrados tienen la potestad de tomar medidas preventivas. Algunas posibilidades son ordenar que el agresor abandone la casa de la familia o impedir que se acerque a los lugares de estudio y trabajo de la víctima.
Referentes de organizaciones que participaron de un debate sobre violencia familiar, que se hizo en la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, analizaron posibles modificaciones a la norma.
Trascendió que el objetivo sería aceitar los mecanismos para tratar las denuncias. Hoy a las 18, en Ciudad Judicial, los organismos e instituciones que participaron en el debate interdisciplinario darán a conocer las conclusiones. Además de las modificaciones a la ley, se anticipó que se pedirá la apertura de un observatorio de violencia familiar en la Corte de Justicia. Esta dependencia haría un seguimiento de las estadísticas y analizaría las políticas públicas en la materia.