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La Corte de Justicia rechazó suspender el aborto para mujeres abusadas en la provincia, como pretendía un abogado local que argumenta que se está atentando contra “el derecho a la vida desde la concepción”. En tanto, espera resolución otra presentación totalmente contrapuesta que busca garantizar el derecho de las víctimas de violación a interrumpir el embarazo.
Un letrado que pidió no difundir su identidad busca que se declare inconstitucional la posibilidad de que las salteñas que sufrieron un delito sexual aborten. El profesional requería que la Justicia dejara sin efecto el protocolo oficial que establece cómo deben realizarse estas prácticas, hasta que se resuelva su planteo de fondo.
El Gobierno de Salta había elaborado una guía para hacer abortos a mujeres que concibieron como producto de un abuso. La Provincia tomó esta decisión después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerara que, en estos casos, existe el derecho a detener la gestación.
El Tribunal que preside Ricardo Lorenzetti había exhortado a que los gobiernos provinciales redactaran instrumentos legales que determinaran los procedimientos que deben aplicar los hospitales cuando una paciente que sufrió una violación solicite detener la gestación. Los jueces querían que se reglamentaran los pasos para agilizar la respuesta a las mujeres.
El Poder Judicial de Salta no aceptó dejar en suspenso la guía oficial de la Provincia. Sin embargo, ahora deberá decidir si declara inconstitucional el derecho a interrumpir un embarazo que reconoció la Corte de Justicia de la Nación en marzo.
En diálogo con El Tribuno, el abogado en contra del aborto consideró que el Gobierno de Salta violó “el artículo 10 de la Constitución Provincial, que reconoce la vida a partir de la concepción”.
“No hay nada que hacer”
“Con la víctima que, fruto de una violación, quedó embarazada, lamentablemente no hay nada que hacer. Si se contagió una enfermedad de transmisión sexual, estamos de acuerdo en que hay que extraerle mal que se le produjo. En este caso no estamos hablando de un mal sino de una vida... Debe tener el bebé, aunque no lo críe”, opinó el abogado.
El letrado además dijo: “En Salta conocemos la gravedad que tiene la violencia de género. Permitir abortos sin control específico sería desproteger a las chicas sin castigar al agresor”.
El abogado destacó que en Córdoba ya se canceló la posibilidad de detener la gestación para las mujeres abusadas por una demanda similar a la suya que impulsó la organización “Portal de Belén”.
La presentación que inició el profesional el 6 de julio cuestiona además la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema.
El texto señala que la sentencia del máximo tribunal del país es “nula de nulidad absoluta y violatoria de la división de poderes”. También considera que el fallo “no obliga a nadie” más que a las partes involucradas en la causa particular que resolvió.
La Corte de Justicia de Salta opinó que suspender la guía sobre abortos podría ser equivalente a resolver el planteo de fondo que hizo el profesional del derecho.
El tribunal que preside Guillermo Posadas además señaló que “las normas impugnadas se asientan en la interpretación que del artículo 86, inciso 2, del Código Penal ha formulado la Corte Suprema de Justicia de la Nación... lo que aventa la posibilidad de considerar acreditada prima facie la ilegalidad o irrazonabilidad de los actos impugnados”.
Una demanda contrapuesta
La Corte de Justicia de Salta debe resolver una presentación del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades que cuestiona la guía del Gobierno de Salta para realizar abortos a mujeres abusadas porque considera que intenta obstaculizar el acceso a la práctica.
La organización, que trabaja por los derechos de género, no está de acuerdo con el protocolo que redactó la Provincia porque exige que una víctima de violación haga una denuncia penal o declaración jurada ante el Ministerio Público en la que asegure que sufrió de un delito sexual.
El Foro de Mujeres considera que los requisitos que establece la guía implican “revictimizar” a las mujeres abusadas y pide que la Corte de Justicia lo declare inconstitucional.
La demanda apunta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pide pasos como la denuncia penal o la intervención del Ministerio Público para que se detenga un embarazo en caso de violación.
La presentación cuenta con el patrocinio de las abogadas especializadas en cuestiones de género Graciela Abutt Carol y Mónica Menini, además de la defensora oficial civil Natalia Buira.
En los últimos días se sumaron a la causa como “amigos del tribunal” la Comisión de la Mujer de la UNSa, Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y la Red de Periodistas por una Comunicación No Sexista.
Esta figura legal permite que organizaciones civiles planteen su apoyo a una demanda judicial y aporten fundamentos que le pueden servir a la Justicia a la hora de tomar una decisión.
