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“Cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos”, reza la sabiduría popular.
El inusual temporal ocurrido la semana pasada en la ciudad de Salta y el valle de Lerma es una buena oportunidad para que los funcionarios del Estado y los cuerpos legislativos revisen si los sistemas de emergencia disponibles son los adecuados.
Los auto elogios de algunos de los responsables de las áreas críticas y la exaltación del voluntarismo de policías y vecinos pueden contribuir al engaño.
El testimonio de los vecinos revela que no funcionaron mecanismos preventivos, por ejemplo, para organizar la eventual evacuación de escuelas y oficinas públicas, donde el viento huracanado podía provocar derrumbes o roturas masivas de vidrios y mampostería. Los teléfonos de atención de emergencias (9-1-1, Edesa y Aguas del Norte) no respondían.
Miles de hogares sin luz, más de 200 postes de energía arrastrados por el temporal, decenas de focos de incendio y mucha improvisación, que no llegó a ser disimulada por el heroísmo o la abnegación de los agentes, no admiten excusas: hay que abrir los ojos y mirar de frente al futuro.
Varios funcionarios municipales y provinciales se mostraron molestos por las críticas referidas a la falta de recursos y a la desorganización, aunque admitieron también que “recién ahora” comenzarán a trabajar en la preparación para situaciones de catástrofe
Algunos justificaron las falencias en “la magnitud y cantidad de incendios” que, sostienen, no registra antecedentes cercanos. No es cierto y no es recomendable enancarse en esos argumentos. Las opiniones críticas deberían ser aprovechadas como llamados de atención. El viento huracanado, la sequedad extrema y súbita y los incendios en los alrededores de las zonas pobladas no son una excepción en la región y seguramente volverán a ocurrir, eventualmente con mayor intensidad y efectos más destructivos. Además, el clima cambiante obliga a calcular nuevas contingencias en el futuro.
La seguridad urbana es una responsabilidad insoslayable del Estado y va mucho más allá de lo policíaco y delictivo. Se trata de una tarea que no puede quedar sujeta a la suerte de las improvisaciones ni a cargo de funcionarios coyunturales sin conocimientos técnicos. El Estado debe desarrollar sistemas de prevención y de emergencia adecuados a cada realidad y en constante proceso de modernización. Hoy todo depende demasiado de la buena suerte.
Las declaraciones de los propios funcionarios acerca de lo sucedido el martes demuestran que la coordinación entre la Policía, los bomberos y los agentes de Defensa Civil dista mucho de ser la ideal. El sistema se vio desbordado y la mayoría de los incendios debieron ser apagados a baldazos y por los propios vecinos. En este punto, las imágenes hablan por sí solas. Sería bueno preguntarse si existe alguna posibilidad de instalar bocas de agua en todas las zonas vulnerables a los incendios, con sistemas adecuados de mangueras y cañerías, para no depender de los baldes y del agua de las piletas,
También habría que revisar los sistemas de comunicaciones, ya que la de por sí vulnerable telefonía móvil se vio especialmente afectada en los momentos en que la tormenta fue más intensa, y al mismo tiempo tambalearon los servicios de radio y de telefonía fija.
Es una buena oportunidad para evaluar la situación tanto en la ciudad de Salta como en cada una de las localidades de la provincia. Conviene revisar la infraestructura de bomberos, de defensa civil y de emergencia sanitaria. Previsiblemente, el resultado del examen revelará serias falencias.
Al mismo tiempo, conviene volver a examinar las normas de seguridad que rigen para los lugares de reunión pública, porque no solo el clima da sorpresas. Grandes catástrofes ocurridas en otros lugares, como la del boliche porteño Cromañón, en 2004, motivaron un análisis de los sistemas de evacuación y rescate en los locales salteños y el resultado fue desalentador.
No tiene sentido esperar que las tragedias se produzcan; conviene actuar antes, Por eso, en lugar de reacciones malhumoradas, de críticas a los medios de comunicación y de discursos autocomplacientes, los funcionarios del Estado deben asumir que llegó la hora de una evaluación autocrítica.