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El Senado sancionó anoche la ley que establece pautas, a partir de un plan de verificación de condiciones mínimas, para garantizar plena seguridad en los edificios de uso público de toda la provincia.
El senador oficialista por San Carlos, Héctor Mamaní, remarcó la importancia de contar con un plan destinado a verificar las condiciones mínimas de seguridad para los edificios públicos.
A partir de esta ley, fundamentó el legislador, se establecerán pautas concretas para prevenir riesgos mayores derivados de movimientos sísmicos, teniendo en cuenta que la provincia de Salta está incluida dentro del grado 3 respecto a estos fenómenos naturales.
Mamaní planteó la necesidad de que a partir de esta ley, que ahora tiene que ser promulgada por el Ejecutivo, se realice un efectivo control de las construcciones, verificación del estado de escaleras y rampas en los edificios públicos “para garantizar la integridad física de las personas ante cualquier emergencia sísmica”.
Por otro lado, el cuerpo también convirtió en ley la expropiación de un inmueble de la ciudad Tartagal para la adjudicación en venta a los actuales ocupantes. Se trata de 66 familias criollas asentadas en un predio de cuatro hectáreas en la ruta a Tonono.
El Senado también dio media sanción al proyecto para expropiar 5 hectáreas de un inmueble ubicado en Campo Santo, departamento General Gemes. El terreno será destinado a la construcción de infraestructura cultural y deportiva. Esta iniciativa la impulsan el senador Federico Segura y el diputado Tomás Torres.
También tomaron estado parlamentario los pedidos de acuerdo del Ejecutivo para María Buabse, Mónica Poma, Pablo Rivero y al exministro Maximiliano Troyano, como fiscales. Los pliegos serán analizados por los miembros de la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.