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El lunes que viene, a partir de las 8, comenzará la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y sus familiares, todos ellos acusados de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal. Los imputados son veinte. Está prevista la declaración de 180 testigos.
Según consta en la causa la investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que personal del penal de Villa Las Rosas solicitaban sobornos a cambio de beneficios para los internos (salidas transitorias, traslados) o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos (celulares, cargadores, comidas, bebidas) y sustancias estupefacientes.
El tribunal colegiado estará integrado por los jueces Federico Diez (presidente) Paola Marocco y Javier Aranibar (vocales). Por el Ministerio Público intervendrá una Unidad Fiscal encabezada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella y los fiscales que conforman la Unidad Fiscal especialmente creada para dicho caso.
Esta Unidad Fiscal fue creada e integrada junto al Procurador General desde el inicio de la investigación, mediante Resolución Nº 1495 en fecha 19 de diciembre de 2023, conforme a lo permitido por el art. 32 inc. 9 de la Ley 7328 (Orgánica del Ministerio Público) que faculta al Procurador a intervenir "en forma conjunta con los fiscales, en las causas de trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique".
Asimismo, a lo largo de la investigación, se produjeron diversos intentos de amedrentamiento y amenazas sobre testigos, familiares, denunciantes, y sobre las mismas autoridades jerárquicas del Servicio Penitenciario de aquel tiempo.
A los funcionarios del Servicio Penitenciario se los acusa por exacciones ilegales agravadas -concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados serán juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
Funcionarios imputados
Los funcionarios imputados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García. Exigían dádivas a internos abusando de sus cargos y de las atribuciones que poseían. Estas consistían en la entrega de sumas de dinero u otros elementos de valor, a cambio de gestionar o facilitar la obtención de beneficios mejor el concepto de conducta, obtener salidas extramuros o transitorias, salidas a la granja y hasta permitir el ingreso de elementos no autorizados por el reglamento interno