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Empleados de La Veloz del Norte que llevan diez días sin trabajar, por los bloqueos que otro grupo de trabajadores y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantienen sobre esa empresa, interpusieron un recurso de amparo en demanda de la liberación de los ómnibus retenidos en diferentes depósitos, talleres y terminales de la firma transportista.
La acción ingresó ayer a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, acompañada con las firmas de cerca de 500 choferes, guardas, conductores, azafatas, mecánicos, administrativos y auxiliares que demandaron un corte a las medidas de acción directa.
Los firmantes no cuestionaron los reclamos laborales de sus compañeros, aunque sí objetaron las vías de acción directa con que se interrumpieron todos los servicios de transporte de pasajeros de La Veloz. Manifestaron que la afectación de las prestaciones no hace más que agravar la crisis financiera que arrastra la empresa por la eliminación del subsidio al combustible y la competencia desleal en el transporte, con lo que también se acentúa la incertidumbre en su planta de personal, que tiene a más de 900 familias ligadas a esos puestos de trabajo.
El patrocinante del amparo, Hugo Ignacio Campo, recalcó que sus representados son trabajadores que quedaron en el medio del conflicto que encuentra, de un lado, a los huelguistas que mantienen los bloqueos bajo el paraguas gremial de la UTA y, del otro, a una empresa con dificultades económicas.
En la acción interpuesta ante la Cámara los amparistas hicieron notar que el pasado 29 de agosto, cuando los bloqueos a La Veloz llevaban dos días en las terminales de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso una conciliación obligatoria. Abrió de esa forma un compás de 15 días en los que el gremio debía suspender las medidas de acción directa y la empresa, abstenerse de cualquier represalia contra el personal plegado a los reclamos. Campo recordó que la disposición 302, de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, no fue acatada por la organización gremial, por lo que huelguistas siguen impidiendo la salida de los coches de la empresa salteña.
En la acción judicial que resolverá la jueza Verónica Gómez Naar, los empleados pidieron medidas para liberar los ómnibus retenidos, como así también garantías de seguridad para poder volver a trabajar. En este punto, y en relación con la competencia jurisdiccional en el conflicto, señalaron que los bloqueos no solo afectan los servicios de larga distancia, sino también los que cubren a diferentes localidades de la provincia, donde miles de usuarios quedaron sin transporte, como se denunció en los últimos días en Anta, Metán, Rosario de la Frontera, Orán y otros departamentos.
Medida cautelar
Ante las graves implicancias del bloqueo que ya lleva diez días, los firmantes del amparo solicitaron a la Justicia una urgente medida cautelar, que acelere el restablecimiento de los servicios públicos que están paralizados desde el lunes 27 de agosto, mientras se resuelve la cuestión de fondo de la acción de amparo. El fallo cautelar de la Justicia podría conocerse en horas, si la empresa, el gremio y los organismos con competencia en materia de trabajo, transporte y servicios públicos no encaminan antes un acuerdo superador de este conflicto que está acumulando pérdidas millonarias a la empresa salteña de transporte.