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El Fondo Monetario Internacional aclaró que entre las penalidades que se le pueden aplicar a los países por incumplimientos a la provisión de datos estadísticos, tal como se evaluará el próximo viernes. En el caso de la Argentina, no se incluye ningún tipo de notificación al Grupo de los 20, ni tampoco el pedido de apartamiento de algún miembro. Para aquellos países que no proporcionan información que “fortalezca la eficacia” de la institución, las normas del artículo VIII del Estatuto del Fondo prevén sanciones que pueden ir desde una simple “declaración de censura” hasta “la retirada obligatoria” de la entidad. El caso argentino en relación a la calidad de las estadísticas del Indec será expuesto ante el directorio del FMI a fin de esta semana, ya que el organismo le reclama desde hace años al Gobierno que modifique la metodología de elaboración de sus informes oficiales para que se adecuen a estándares internacionales. El Fondo postergó en dos oportunidades una definición sobre el diseño de un nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. Tras la “declaración de censura”, que se podría emitir si un país no ejecuta las acciones pedidas por el Consejo Ejecutivo antes de determinada fecha, la directora gerente, Christine Lagarde está facultada, luego de evaluar la situación, a emitir una “queja” a la Junta Ejecutiva y recomendar luego que el Comité declare al país transgresor “inhabilitado para usar los recursos del organismo”.
Como escalón más grave, las normas prevén que el Fondo “suspenda la votación del país-miembro y los derechos políticos” y, si la situación persiste, puede ocurrir que seis meses después esa sanción desemboque en “la iniciación de los trámites para una retirada obligada del miembro”.
Asesoría técnica
Lo que el FMI le reclama a la Argentina es que mejore la calidad de los datos reportados sobre la inflación y el crecimiento económico, de modo que sean consistentes con la obligación que le corresponde como país socio del organismo de crédito multilateral. El compromiso fue asumido por Argentina en noviembre de 2010, cuando el canciller Héctor Timerman aceptó que el país recibiera una asesoría técnica en materia de índice de precios.