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Argentina ha cruzado una línea al hacer un pacto de amigos con Irán para investigar conjuntamente el ataque terrorista de 1994 contra la AMIA, que según la Justicia argentina e Interpol fue una acción muy probablemente planificada desde los más altos niveles del Gobierno iraní.
Este acuerdo coloca a la Argentina dentro de los países latinoamericanos liderados por Venezuela cuyas políticas exteriores están alineadas con Cuba, Irán y los peores violadores de los derechos humanos del mundo.
El fallecido presidente Néstor Kirchner, haciendo caso omiso a los pedidos de Venezuela de que se acercara a Irán, había apoyado los pedidos de extradición contra el expresidente iraní Alí Akbar Hashemi Rafsanjani, y del actual ministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi, por su probable conexión con el ataque, que causó 85 muertos hace 19 años.
Pero ahora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece haber quebrado esa postura. Su pacto con Irán para crear una “comisión de la verdad” para investigar el atentado equivale a un acuerdo con un sospechoso de homicidio para conjuntamente investigar el asesinato, circunvalando las investigaciones judiciales, dicen los críticos del convenio.
La cancillería de Israel ha manifestado su “asombro y desilusión” ante el pacto de Argentina con Irán. La principal funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos a cargo de asuntos latinoamericanos, Robert Jacobson, me dijo en una entrevista que es “escéptica con respecto a que se llegue a una solución justa” en la causa de la AMIA con esta propuesta.
Cuando le pregunté a Jacobson si considera que Argentina está plenamente alineada con Irán, Cuba y Venezuela, Jacobson me dijo: “No iría tan lejos como eso aún. Espero que no. Espero que sigamos trabajando en muchos temas globales, incluyendo los esfuerzos contra el terrorismo”.
¿Qué llevó a Fernández a hacer este acuerdo con Irán? Una teoría es que se trata de una ruptura preventiva con los países industrializados ante la posibilidad de que un juez de Nueva York emita una sentencia contra Argentina el mes próximo en el caso de los bonistas externos, lo que obligaría a Argentina a pagar hasta 10 mil millones de dólares a los bonistas, y podría empujar al país a un nuevo default.
Según esta teoría, Fernández esta pateando el tablero por adelantado y alineándose de lleno con Venezuela, Irán y sus aliados. Las exportaciones argentinas a Irán se han triplicado desde los 319 millones a los 1.100 millones de dólares en los últimos cinco años, y Argentina podría necesitar importar más petróleo de Irán, dicen algunos. Pero la mayoría de los economistas con quienes hablé son escépticos sobre esta teoría, diciendo que Irán no haría una gran diferencia en la economía argentina.
Una segunda teoría es que Fernández está actuando bajo la influencia de su buen amigo, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyo estilo de gobierno narcisista-leninista parece estar imitando cada vez más.
Una tercera teoría es que Fernández sinceramente cree que puede destrabar la investigación de la AMIA, que permanece empantanada por falta de cooperación de Irán. Pero los críticos señalan que la comisión argentino-iraní es exactamente lo que Irán ha estado pidiendo durante años: una comisión binacional que con el tiempo se adueñará de los titulares de los diarios, y permitirá que ambos gobiernos den por terminado el caso.
El canciller argentino Héctor Timerman afirma que el pacto con Irán, que debe ser ratificado por ambos parlamentos, no suplantará las acciones judiciales. Pero los críticos no le creen mucho a Timerman, recordando que en 2011 llamó “una mentira” la revelación del periodista José Eliaschev de que Argentina estaba manteniendo conversaciones secretas con Irán sobre el caso AMIA, lo que ahora sabemos fue cierto.
Mi opinión: Argentina ha cruzado una línea al hacer un pacto con el principal sospechoso del atentado terrorista de 1994. La conclusión final a la que probablemente llegará esta “comisión de la verdad” binacional será que un puñado de funcionarios iraníes de muy bajo nivel participaron en la matanza, sin conocimiento del Gobierno iraní. Eso sería no solo un fraude a la justicia, sino un insulto a la memoria de los 85 judíos y no ju díos que murieron en ese ataque terrorista.