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“Yo sentí que era una humillación. ¿Sabés lo que es tener vecinos con 9 hijos y que les entreguen eso? Es evidente que se te burlan en la cara...”, sostuvo Anahí con un enojo que se materializaba en sus ojos. Mientras Anahí habla, Marcela está barriendo el piso ahí cerca, a unos pocos metros.
Ella conoce de hacinamiento y de vivir apretado, no necesita que nadie le cuente otra experiencia porque la suya es dura. Hacen más de 30 grados de calor en barrio Justicia y Marcela detiene la escoba para hablar con El Tribuno. Detrás de ella, esta su hija, Sofía, sentada en una piedra. Uno de los hijos de ella, pequeño aún, tuvo que dejar su casa para irse a vivir con la abuela por falta de espacio. Esa impotencia lo cuenta la mirada de Marcela sin antes conocer su voz.
Es que viven en los módulos habitacionales de quince metros cuadrados que el Gobierno provincial construyó hace poco más de un año para más de un centenar de familias numerosas en barrio Justicia, a pocos metros de un basural San Javier. Asomarse allí genera sorpresa y empatía con la frustración que siente la gente que pidió una vivienda pero les dieron de consuelo módulos habitacionales. Se trata de pequeñas casillas de 15,8 metros cuadrados emplazadas en terrenos de 10 metros por 20 metros.
Ninguna cuenta con cocina ni espacio donde sentarse. Solo hay una habitación chica donde apenas caben dos camas. No tienen instalaciones de gas, ni espacio para ubicar una mesa. Las delgadas puertas de metal están rotas y las paredes rajadas y sin revoque, al igual que el piso. “Mis hijos hacen las tareas afuera... y ¿qué querés? si no entran. Es terriblemente incómodo vivir así. Dormimos todos juntos”, cuenta Mariana. Como ella, la mayoría de los testimonios son conmovedores, aunque ver a los niños haciendo la tarea afuera de su casa por falta de espacio, resulta peor aún.
La entrega discrecional
prima sobre la necesidad
Las familias que salieron de los asentamientos de la zona sudeste, para trasladarse a los módulos habitaciones pensaron que habían encontrado fin al hacinamiento. Pero se equivocaron. Los módulos habitacionales que el Gobierno de la Provincia construyó tienen un costo aproximado de $36.177,8 según los datos que la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia proveyó a este medio meses atrás.
La polémica por los módulos construidos en barrio Justicia no solo tiene que ver con la dimensión de las viviendas sino también con la ubicación de estos. Se levantaron a pocos metros del basural San Javier, una zona no residencial, por sobradas razones. Aunque la más básica e importante es que no cumplen con el requisito de habitabilidad.
Para ir más allá, el artículo 131 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la Municipalidad de Salta prohíbe la instalación de casas o viviendas en lugares contaminados o cercanos a vertederos y basurales. Y define como Areas Especiales de Interés Urbanístico No Aptos a los espacios o zonas que tanto por su ubicación como por su contaminación ambiental, se “consideran a priori no apropiadas”.
Los 1.141 módulos que ya se construyeron y distribuyeron, se ubican en Rosario de la Frontera, Cafayate y Salta. Todos tienen el mismo tamaño, no hay excepciones para ninguno. Todas las familias están igual de hacinadas.
En el departamento de Cafayate las denuncias por el estado deplorable de los módulos también fueron de público conocimiento. El Ejecutivo construyó poco más de 570 módulos allí, en terrenos de 10 metros por 20 metros.
En tanto que en Rosario de la Frontera donde la falta de viviendas es un problema que afecta a dos mil familias, las quejas vinieron por las demoras para la construcción de 92 de estos módulos a un costo de $2.569.468.
Reclamo
Los escándalos suscitados en torno del modo en que se distribuyen las viviendas sociales en la Provincia, dejaron en clara evidencia y con sobradas muestras que se trata de un reparto en el que el criterio de la discreción prevalece por encima de la necesidad.
Las irregularidades detectadas en la actual gestión del organismo, a cargo de fernando Alesanco, levantaron duras críticas contra el Gobierno sobre todo por la cantidad de inscriptos que llevan más de 10 años esperando una vivienda.
Más de 270 módulos habitacionales se construyeron en Salta capital. Estas minúsculas casillas no tienen ninguna comodidad para las familias beneficiarias. En barrio Justicia, las quejas de la gente reflejan la desacertada política para paliar el déficit habitacional.
En los módulos habitacionales, la mayoría de las familias que allí habitan, viven hacinadas. En lugar de contribuir a que disminuya el índice de hacinamiento en Salta, uno de los más altos del país, se fomentan. La privacidad y la intimidad quedan expuestas a toda la familia.
Barrio Justicia está ubicado a pocos metros del vertedero San Javier, y erigidos en una zona en la que el municipio capitalino le advirtió al Gobierno de la Provincia que no construyera allí para no afectar la calidad de vida de los beneficiarios.
Un total de $9.153.492 es el monto que el Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Obras Públicas, pagó por la construcción de los 270 módulos habitacionales en la zona sudeste de la ciudad de Salta. En la provincia ya se construyeron más mil.
Casi $37.000 es el valor unitario de cada uno de los módulos que fueron levantados con materiales de poca calidad. Son sencillos y se entregaron sin los pisos cubiertos, tampoco con las paredes revocadas, y las puertas mal colocadas, muchas de las cuales hoy están rotas.
El terreno sobre el que se emplazan los módulos habitacionales tiene una dimensión de 10 metros por 20 metros. La mayoría de los beneficiarios amplían de manera precaria para poder caber todos. No obstante, las construcciones no se declaran en la Municipalidad.
El déficit habitacional es una de las principales problemáticas que golpea a los salteños. Hay una gran cantidad de personas sin viviendas. En la capital hay más de 24.000 personas inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda que no tienen casas.
En las redes sociales y en la línea directa de El Tribuno, los lectores hicieron saber a los funcionarios su enojo ante el reparto discrecional de viviendas. El escándalo por Lomas de Medeiro sentó un precedente de cómo se distribuyen las viviendas en Salta.
La zona sudeste, donde se instalaron los módulos, concentra la mayor cantidad de personas pobres.
Según los datos calculados por el Instituto de Investigaciones Sociales Económicas y Política Ciudadana en capital hay 199.039 personas pobres.