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Como es sabido, Argentina es un país federal. Esto quedó plasmado clara y contundentemente en la Constitución Nacional de 1853. En aquel momento, cuando los representantes de las distintas provincias acudieron a Santa Fe para participar de la histórica Convención Constituyente, cada uno de ellos llevaba en sus “carpetas” expectativas diferentes, pero una exigencia común e insalvable: para que el texto constitucional sea aceptado y aprobado por las provincias debía contener la creación de un Congreso Federal, en cuyo cuerpo estén representadas todas las provincias y que tenga a su cargo las tareas más importantes y trascendentes de la Nación.
Por esta razón, originalmente y aún en la misma Constitución de 1994, se establecen tres puntos de vital importancia: que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni a las Legislaturas provinciales, ni a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público (artículo 29), que existirá un Congreso compuesto por diputados de la Nación y por senadores de las provincias que ejercerá exclusiva y excluyentemente el Poder Legislativo de la Nación (artículo 44) y que proveerá lo conducente a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de todas las provincias (artículo 75, inciso 18).
Ese “Congreso Federal”, era en aquel entonces, la “garantía” que las provincias exigían para aceptar constituir la Nación Argentina y aceptar la creación de un Gobierno Central. “Sin Congreso Federal no habrá Confederación y no aceptaremos la autoridad de un Gobierno Central”, afirmaban con firmeza los representantes de las provincias reunidos en Santa Fe.
El domingo los salteños elegiremos a nuestros representantes en ese gran “Congreso Federal”, ¿cuáles son las verdaderas opciones que tendremos cuando estemos en el “cuarto oscuro”? Mas allá de la cantidad de candidatos y boletas que encontraremos ante nuestros ojos y de nuestras preferencias políticas específicas, estará en juego una opción fundamental: elegir legisladores que representen los intereses de la Provincia o elegir legisladores que representen los intereses del Gobierno Nacional. Esta es, sin dudas, la gran nota distintiva de los diferentes candidatos y propuestas que se presentaron durante las respectivas campañas.
¿Es posible que haya candidatos que se atribuyan la función de defender los intereses del Gobierno Nacional?. Si fuésemos un país respetuoso de la Constitución, ello sería “inconstitucional”. Un candidato a legislador nacional por una Provincia debería proponer mecanismos para disminuir el poder del Gobierno central e incrementar las potestades de “su” pueblo de provincia. Sin embargo, en esta Argentina “enrarecida” y “confusa”, sucede con frecuencia, a tal punto que, en Salta, los mismos candidatos lo reconocieron y afirmaron durante la campaña.
El candidato del oficialismo salteño expresó en algunos afiches de campaña su decisión de acompañar el proyecto kirchnerista desde el Congreso y Olmedo no solo lo afirma sino que además vota a favor de los intereses del Gobierno desde su banca del Congreso de la Nación. Podríamos pensar 2 causas para esta posición política tan particular como contradictoria: la primera de ellas sería que estén convencidos que si como legisladores salteños responden a los intereses del Gobierno Central, ese Gobierno Central dará preferencia a Salta sobre otras provincias.
Si esta fuese la causa, lo que no advierten, o no quieren advertir, es que se trata de una creencia absolutamente falsa e incluso opuesta a la realidad. Como prueba basta tener en cuenta que en la historia de Salta, cuando más afines al Gobierno Nacional fueron sus senadores y diputados peor le fue a nuestra Provincia en la obtención de recursos del presupuesto y, cuando más opositores fueron los senadores y diputados por Salta, el Gobierno Nacional respetó en mayor medida una asignación de recursos justa y proporcionada con las demás provincias.
Sin ir mas lejos, adviértase que Córdoba, Santa Fe y San Luis han demandado a la Nación ante la Corte Suprema por deudas millonarias y están a un paso de obtener el pago. Ahora, cada vez que la Nación se tienta con afectar a esas provincias sabe que sólo conseguirá alimentar en su contra las causas ante la Corte.
La segunda causa posible de esta manifiesta actitud “anti-federal” de algunos candidatos es que hayan comprometido ya sus futuros votos en el Congreso de la Nación, de apoyo al poder central, a cambio de obtener recursos y el correlativo apoyo para sus campañas.
Cualquiera sea la causa, este tipo de legisladores de nada le sirven a nuestra Provincia. Salta necesita legisladores con sentido y espíritu “federal” en el Congreso. Que sean razonables en los planteos y fundados en los argumentos, pero que intenten permanente e incansablemente equilibrar la balanza que la actitud arbitraria del gobierno Nacional inclina hacia un “centralismo” recalcitrante y fundamentalista.
El domingo, entonces, elegiremos honrar y ratificar la lucha de los que forjaron la Nación Argentina en 1853, quienes exigieron y consiguieron un Estado federal, con provincias soberanas y dueñas de sus recursos y sus tierras o elegiremos dar por terminado ese acuerdo histórico y forjar un sistema unitario, con provincias sumisas y esclavizadas por un Gobierno Central.
Tal vez es atinado recordar una de las frases más lúcidas y acertadas del análisis político: “La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos para crear otros imaginarios e injustos” (Arturo Graf 1848-1913).