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Como todo hacía prever, el exconcejal Martín Avila se anotó finalmente en la disputa del cargo vacante de defensor del pueblo de la ciudad de Salta, en dupla con el abogado Emiliano Villazón, como aspirante al puesto adjunto de secretario letrado.
El exedil de Memoria y Movilización Social, que renunció días atrás a un mes de terminar su mandato, no fue el único que aprovechó la polémica reapertura dispuesta por el Concejo en el registro que había cerrado, hace un mes, con 22 postulantes inscriptos en el concurso de antecedentes lanzado el 30 de agosto.
Tras los nuevos plazos de inscripción que aprobó el cuerpo el pasado 23 de octubre, en un ajustado desempate, se sumaron a la lista otros siete binomios. Uno de ellos está encabezado por el actual concejal Aroldo Tonini, como candidato a ombudsman, para mayor polémica. La ordenanza marco 14.501 establece que el cargo de defensor del pueblo “es incompatible con todo mandato representativo y con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública y con el desempeño de cualquier función judicial o profesional”.
Por eso Avila renunció a su banca luego de que en las PASO provinciales sus aspiraciones a un cargo electivo se desvanecieran al no alcanzar el piso de votos del 1,5%. Esta circunstancia fue especialmente señalada por concejales de la oposición y diferentes medios de prensa cuando el Concejo decidió cambiar las condiciones y plazos del concurso cerrado en octubre con la presunta intención de imponer al exreferente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el cargo que dejó Alvaro Ulloa el 21 de agosto, por supuestas instrucciones que bajaron al Concejo desde altas esferas del poder político.
Esto fue denunciado también por varios de los postulantes que se habían inscripto en tiempo y forma, como Ernesto Victorino Saravia, Federico Nuñez Burgos, Marcelo Raúl Oliver y René David Bravo. Este último objetó las nuevas inscripciones a través de una nota ingresada en el Concejo.
El exconcejal Oliver optó por volver a inscribirse para asegurar el derecho a llevar sus reclamos a la Justicia, según manifestó a este medio.
Nuñez Burgos, referente de la Fundación Instituto para el Desarrollo Social, es uno de los 12 postulantes que, registrados en cumplimiento de los plazos y condiciones del llamado público del 30 de agosto, no se reinscribieron para no avalar un concurso al que consideran “desvirtuado” y con “nombres ya puestos” a los cargos. El actual secretario letrado, Nicolás Zenteno Nuñez, quien cumplirá su mandato como ombudsman adjunto en los primeros días de diciembre, tampoco se reinscribió.
Idéntica actitud tomó Ernesto Solá. El veterano dirigente radical interpuso la semana pasada un recurso de amparo. La acción recayó en el juez civil Federico Cortés, quien desestimó el dictado de una medida cautelar solicitada para evitar que el Concejo avance con las nuevas inscripciones abiertas el lunes 4 y cerradas el viernes 8. Ese día, a último momento, se formalizaron las inscripciones de Avila y Tonini, aunque recién se las hizo conocer tras las elecciones en las que el Partido Obrero se quedó con nueve de las 21 bancas del Concejo.
La nueva conformación del cuerpo abrió grandes interrogantes sobre la suerte del cuestionado proceso electivo espera un pronunciamiento de la Corte, ante la apelación que Solá interpuso la semana pasada contra el fallo de primera instancia que desestimó la cautelar. Ayer, sin novedades sobre la tramitación de ese recurso, el demandante adelantó que formulará hoy un pedido de pronto despacho.