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La niña de 12 años recluida en un hogar para adolescentes con problemas con la ley penal continúa internada en el hogar El Tránsito, de calle Bolívar 448 de esta capital.
A pesar de la amplia difusión y del repudio generalizado de amplios sectores de la población, la niña continúa conviviendo con adolescentes en conflicto con la ley penal, entre ellas tres homicidas. Su caso sigue como entonces.
Fuentes del Poder Judicial aseguraron ayer a El Tribuno que a pesar que el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Alavila, cargó culpas en la jueza Marta Bossini de Aguilar y en la asesora de Menores Ana Betella de Del Campo, firmantes de la orden de alojamiento de la menor en el instituto “El Tránsito”, omitió decir que desmantelaron el programa de Salud Mental de la Provincia hace un par de años y que el mismo hoy no contempla a los niños, no tiene lugar físico para su atención o internación, ni profesionales trabajando en las principales problemáticas que hoy por hoy dañan la salud mental de los menores como son las adicciones de las que nadie quiere hablar, menos tratar”, reflexionó.
La noticia de que la pequeña huérfana se halla sin los cuidados acordes a su sufrimiento mental, que debe ser atada a una cama cuando sufre crisis de nervios, que duerme en el suelo para evitar que se golpee y que está obligada a convivir con criminales causó estupor entre nuestros lectores.
Además, fuentes cercanas al hogar El Tránsito denunciaron que a la niña le fue negada la atención del sistema de emergencias médica, Samec, a través de sus encargados.
Toda esta improlijidad en el tratamiento de un niño, sumado al abandono de su escaso entorno familiar tomó estado público incluso en los medios nacionales más importantes, que se solidarizaron con el sufrimiento de la pequeña reclusa involuntaria, al igual que quienes pusieron al descubierto la crueldad de un sistema de salud que no contempla el sufrimiento mental de un niño.
En la provincia sólo produjo un sumario interno, que se abrió en el hogar “El Tránsito” y un deslinde de responsabilidades de funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, de quienes depende la institución. La nena, en tanto, sigue atada a su suerte.
Palabras del secretario de DDHH
En declaraciones a la radio AM 840, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia, Pablo Alavila, destacó en el reportaje que no corresponde que la menor esté internada en el hogar donde se encuentra alojada, porque su problemática no coincide con la de las chicas que están internadas en el lugar con cargos penales diversos, que incluyen homicidio.
En referencia a ese tema, dijo que “es un caso muy complejo en el que venimos trabajando desde los primeros días de octubre cuando el Juzgado de Familia de Primera Nominación, a cargo de Marta Bossini de Aguilar, hizo el primer intento de ingresarla a este hogar. Se trata de un dispositivo de justicia juvenil que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, pero nosotros nos negamos”, indicó.
Luego, relató el funcionario, a mediados de octubre la jueza Bossini de Aguilar hizo el segundo intento y nos mantuvimos en la negativa explicándole que El Tránsito es un establecimiento para jóvenes en conflicto con la ley y que no contempla otras situaciones.
Para finalizar, Alavila reconoció que “el 24 de octubre, bajo el apercibimiento de desobediencia judicial, permitió que la menor fuera alojada allí”, detalló.
Alavila agregó, además, que desde el organismo que representa se acercaron a la jueza Bossini de Aguilar alternativas para el tratamiento del caso de la menor.
“Desconozco el razonamiento de la jueza. En ese momento ella lo tomaba como problema de conducta pero le hicimos saber que nosotros atendemos a jóvenes infractores de la ley penal no con problemas de conducta. No corresponde”, agregó y destacó también que se sugirió que, además del tratamiento correspondiente a su delicado estado, se trabaje con el fortalecimiento del grupo familiar.
“La menor viene de un entorno y una historia familiar bastante compleja”, relató ayer el funcionario de Derechos Humanos de la Provincia a la radio AM 840.
La problemática surgió en el 2012
Fuentes del Poder Judicial de la Provincia aseguraron ayer a El Tribuno que la problemática de la asistencia de la salud mental de menores y sobre todo de niños tuvo su avistamiento en mayo y junio del 2012, cuando en la ciudad de Rosario de la Frontera, ubicada en el sur de la provincia, surgió una ola de suicidios de adolescentes y niños que tuvo en vilo a las autoridades de la ciudad termal, quienes solicitaron asistencia profesional a la provincia.
Hubo una gran movida, recordó la fuente consultada, y entre ellas estuvo el tratamiento ambulatorio de varios adolescentes.
En aquella oportunidad no pudieron hacerse atender en la zona, ya que no había consultorios, así que fueron derivados uno a uno hacia la capital salteña. La sorpresa fue que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos ordenados por la Justicia para los menores rosarinos afectados, no se podían realizar en los hospitales públicos para adultos porque muchos de ellos eran niños.
Como no están contemplados en el programa de Salud Mental debieron ser atendidos junto a los adultos en los consultorios del mayor hospital de salud mental de la provincia, es decir el hospital Miguel Ragone, que se encuentra en cercanías de la terminal de ómnibus. Desde entonces, cada vez se presenta este tipo de problemática las decisiones de la Justicia chocan con la realidad del sistema de salud público de la provincia y sus carencias.