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“Argentina en ningún caso va a incumplir su ley y sólo le pagará a aquellos acreedores que aceptaron las reestructuraciones propuestas en 2005 y 2010”. Las palabras no corresponden a un analista económico especializado en fondos buitre, sino al vicepresidente de la Nación en medio de una audiencia clave por la deuda. Amado Boudou aseguró ayer en Estados Unidos que si la Justicia norteamericana obliga al país a pagar el cien por ciento de la deuda a los holdouts, el Gobierno no cederá tan fácilmente. El encuentro duró más de dos horas. Allí el Gobierno argentino tuvo que dar las explicaciones requeridas por los bonitas de EEUU y estos expusieron también sus reclamos.
Tras una audiencia, Boudou que participó de la misma junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, indicó que los tiempos para una solución “quedan ahora supeditados a que los jueces vayan llevando la decisión”.
En el encuentro se advirtió sobre un posible default de deuda si se paga a los fondos. Es por ello que Argentina solicitó a la Corte de Apelaciones de Nueva York una solución “factible” para terminar con el juicio impulsado por los holdouts que reclaman la cancelación de 1.330 millones de dólares, al tiempo que los acreedores manifestaron que “el país debe cumplir con los fallos porque tiene capacidad de pago”.
“Estamos tratando de persuadir a la Corte para que haga algo que sea factible y que no cree una confrontación terrible”, dijo el abogado del país, Jonathan Blackman.
En tanto, Theodore Olson, abogado de los holdouts, reclamó la cancelación total de los papeles impagos, y afirmó que “la Argentina tiene capacidad para pagar a los bonistas”.
Durante el trámite judicial, los abogados argentinos advirtieron que el país “no obedecería voluntariamente” una orden para pagar el total de la deuda en manos de holdouts, pero mostraron la voluntad de alcanzar un acuerdo al pedirle a la Corte una solución “factible”.
Los abogados de los tenedores de deuda argentina que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y están cobrando sus acreencias puntualmente le pidieron al Tribunal que no bloquee los pagos programados.