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La presidenta Cristina Fernández resolvió hoy declarar "de interés público" las tarifas del transporte ferroviario de carga, asumiendo el Estado un rol "regulador".
El Belgrano Cargas será operado por el Estado Nacional, para lo cual designó como interventor a Marcelo Bosch.
Al hablar durante un acto en la Casa de Gobierno, la jefa del Estado adelantó la decisión de finalizar el actual gerenciamiento de esa línea y crear "una nueva sociedad anónima" que se llamará a partir de ahora Ferrocarril de Carga y Logística General Belgrano.
"La idea es que ese ferrocarril tenga una conectividad, que vaya de los silos de granos al tren y del tren a los puertos para darle mayor competitividad", aclaró.
Para lograr ese objetivo de "logística", la mandataria explicó que el gobierno nacional realizará "una inversión importante" para la compra de vagones, al tiempo que remarcó que otros vagones "van a ser recuperados por trabajadores argentinos en talleres argentinos".
A fines de octubre de 2012, el Gobierno nacional había dispuesto la intervención administrativa del servicio del Ferrocarril Belgrano Cargas por el plazo de 90 días, con excepción del tramo urbano del área metropolitana.
La decisión fue adoptada mediante la resolución 585 del Ministerio del Interior y Transporte, conducido por Florencio Randazzo.
La intervención de la gestión llevada adelante por la Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima (SOESA) se adoptó para realizar "el control de los recursos de la concesión y/o los asignados por el Estado" para la explotación del servicio.
La línea de cargas era manejada desde 2006 por la SOESA, una sociedad liderada por el grupo de Franco Macri juntamente con capitales chinos, quienes debía proveer de material rodante, secundado por los grupos Roggio, Emepa y los gremios de La Fraternidad, Unión Ferroviaria y la Federación de Camioneros.
Golpe a la Justicia
Cristina Fernández también insistió hoy la necesidad de ‘‘la democratización de la justicia’’, y aseguró que ‘‘cuando se trata de condenar al Estado y de juzgar funcionarios hay una cola larga de fiscales, pero cuando se trata de empresas o privados, nadie habla’’.
Cristina lo expresó al encabezar un acto en Casa de Gobierno, tras mencionar la ‘‘estafa’’ a más de 1.700.000 clientes de seis importantes bancos, quienes se vieron impedidos de ser resarcidos por el cobro indebido de comisiones bancarias, donde también tuvo un cuestionable rol una ONG que representa intereses de consumidores.