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El conflicto entre el juez y el fiscal muestra los puntos vulnerables del nuevo Código Procesal Penal,
El descargo del ex Secretario de la Gobernación Raúl Medina, presentado en diciembre pasado, señalaba como “sugestivo” que el fiscal se apresure a excluir de las imputaciones al senador Lapad, encolumnado con el actual gobierno y el principal responsable del decreto, sin preguntarle previamente si cuando firmó sabía de qué se trataba. Y que, al mismo tiempo lo impute a él, que es opositor a Urtubey y cofirmante del decreto en cuestión.
También puntualiza que mediante el Decreto n´ 3306/07 se ratificaron disposiciones de la Dirección de Aviación Civil. “Tales actos administrativos no fueron revocados hasta la fecha, a pesar de que la Fiscalía de Estado se ha constituido como actor civil esgrimiendo perjuicio patrimonial”.
Medina solicitó que el juez pidiera informes sobre la documentación involucrada, la trayectoria del senador Lapad, la documentación administrativa que avala la operación del comodato y la evaluación de la Auditoría de la Provincia.
Medina solicitó pruebas e impugna lo que considera una arbitrariedad del fiscal. Destaca, además, la celeridad con que un comentario del diputado oficialista Matías Posadas se convierte en “notitia criminis”, en manos del fiscal Akemeier.
Pero es el mismo Akemeier, en su planteo de nulidad quien explicita la fragilidad del ciudadano frente al nuevo poder del Ministerio público: objeta que el juez ordene “la producción de diligencias tendientes a acreditar la existencia del hecho por el que esta fiscalía decretara la apertura de la investigación”, y advierte que el juez está “avanzando sobre atribuciones exclusivas del Ministerio Público”. Es decir, las únicas pruebas son las que aporte Akemeier: insiste en que es al fiscal “a quien le incumbe la producción de todas las diligencias probatorias”.
Inequívoco. El juez, además de la fuerte advertencia institucional, no hizo lugar a la nulidad y le ordenó al fiscal notificar de su pedido a todas las partes.