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La suerte del entonces subcomisario y jefe de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia comenzó a cambiar en mayo de 2011, cuando el Volkswagen Cross-Fox en el que viajaba junto al colombiano radicado en Bolivia, Marcelo Irahola-Silverman, quedó empantanado en el cauce del río Mojotoro, en un camino vecinal paralelo a la ruta 34 . A su segundo, el oficial Carlos Gallardo, que lo seguía en otro vehículo, también lo abandonó su estrella. Hoy, Gabriel Giménez y Gallardo, acusados por el transporte de 50 kilos de cocaína, aguardan en la cárcel el inicio del juicio oral que determinará sus responsabilidades. Niegan que hayan transportado droga. Admiten sí, que llevaban hacia la ciudad de Salta alrededor de 870 mil pesos propiedad de Irahola en carácter de custodios y aseguran que la cocaína les fue “plantada” por algunos jefes policiales, a quienes habían investigado, por orden de sus superiores, cuando ambos realizaban tareas de contrainteligencia.
Aseguran que esa interna policial que ahora les pasa factura, cuenta además con la comprensión de funcionarios judiciales y con el apoyo de autoridades gubernamentales, al servicio de las cuales ejecutaron o fueron presionados para ejecutar, tareas ilegales de espionaje y provocación política.
Lo del narcotráfico será debatido en el juicio, pero entretanto Giménez y Gallardo hablaron y aportaron documentos y testimonios en sede judicial sobre la otra cuestión: las tareas de “inteligencia” que lleva a cabo la policía provincial de la que eran cuadros de élite. Sus dichos y confesiones, revelados por El Tribuno, son de una extrema gravedad política e institucional. Sin embargo el expediente judicial vinculado a esta cuestión, duerme prolijamente en las oficinas de calle España que ocupa el Juez Federal subrogante Julio Bavio, sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida que apunte a investigar y esclarecer el asunto. Más aún, su secretario, Santiago French, según la declaración de Carlos Gallardo, realizada el 20 de julio de 2012, le habría dicho al ex policía, quién había denunciado apremios y amenazas al ser detenido y pedía que lo sacaran del control tanto del Servicio Penitenciario, como de la Policía de la provincia, para ponerlo bajo la custodia de fuerzas federales, que “..ahora te paso a una cárcel federal, pero callate la boca porque de lo contrario te traslado a Buenos Aires, al Chaco o a Ushuaia, donde no veas ni mierda a tu familia”. Y según Gallardo, le advirtió que “no abras la boca ni menciones más al gobierno por lo que pasó, porque esto no te va a servir, a mí de este puesto no me mueve nadie, ya vas a ver por qué te lo digo, hacé vida de preso, hijo de puta”. Gallardo ratificó esta denuncia en sede judicial el 10 de diciembre de 2012.
¿Por qué no ordenó el juez subrogante Bavio el allanamiento de las oficinas de la Dirección de Inteligencia (D2), donde se encontrarían archivadas las actividades ilegales que realizan los distintos departamentos que dependen de ella?
¿O acaso es un asunto menor que autoridades policiales, con el control y bajo las órdenes de funcionarios del gobierno de la provincia, se dediquen a intervenir teléfonos, hacer seguimientos de dirigentes políticos y gremiales, realizar lo que llaman “explotación de prensa” y provocar en manifestaciones o actos populares, como en las épocas más oscuras de la dictadura?
Parece que de esta manera concibe el gobierno la “inteligencia criminal”. Porque de otro modo no podrían explicar cómo es posible, por ejemplo, que semanas atrás, casi un centenar de policías ejecutaran un espectacular operativo en el norte de la provincia, para sólo incautar algunas decenas de envoltorios de paco y unos pocos gramos de cocaína. Cualquier señora de cualquier barrio sabe quiénes y donde venden las drogas. Tal vez si les preguntaran a ellas, nuestras autoridades podrían orientar mejor a las fuerzas de seguridad.