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La ministra de Derechos Humanos, María Pace, hizo el lunes en la Legislatura una polémica manifestación. “No sé hasta qué punto se puede considerar trabajo infantil lo que hacía Claudia (Judith) Palma en ese momento, ya que únicamente repartía el pan”, dijo en relación con la niña de nueve años que fue violada y asesinada en Joaquín V. González.
Los reproches no se hicieron esperar y recayeron también sobre la ministra de Justicia, María Inés Diez, presente junto a Pace en la reunión con diputados. “Las ministras niegan que haya trabajo infantil en Salta y dicen que Judith sólo estaba distribuyendo pan, como si eso fuera tarea normal para una nena de nueve años. Es increíble: hablan de inclusión social pero esta chiquita y muchos niños tienen que salir a la calle a trabajar”, cuestionó ayer la diputada Virginia Cornejo, tras sostener que “la soberbia no les permite aceptar la realidad que se vive”.
Esta discusión encierra cuestiones de fondo que las instituciones de Joaquín V. González se propusieron abordar hace un año, a través de una red multisectorial, para proteger a la infancia de esa ciudad anteña.
Advertían, ya entonces, la creciente indefensión de niños, niñas y adolescentes frente a una escalada de violencia y de abusos. Hoy, con un dolor infinito, esa comunidad siente que los esfuerzos no alcanzaron y lo menos que merece es una mirada profunda a su golpeada infancia.
El trabajo infantil es una lacerante realidad que acompaña a la pobreza estructural, como efecto y causa. Así lo advierten organizaciones internacionales como la ONU, la OIT y Unicef. Las niñas y niños trabajadores forman parte, casi siempre, de familias en condición de indigencia. Sus ocupaciones, más allá de lo que pueda opinarse, son motivadas por la apremiante necesidad de conseguir ingresos nunca suficientes para sacar a sus hogares de la pobreza.
Anta, el departamento del cual Joaquín V. González es la ciudad más poblada, tiene 57.411 habitantes y 13.688 hogares, según cifras del último censo.
Más de una tercera parte de sus habitantes está por debajo de las líneas de la pobreza y la indigencia. El 6% de su población es analfabeta (un índice cinco veces mayor que el de la capital salteña). El padre de Judith en uno de tantísimos anteños sin estudios.
Joaquín V. González tiene 28.000 habitantes, 5.000 alumnos en la primaria y 3.000 estudiantes en la secundaria. Menos de 5% de sus egresados accede a un título universitario.
Hechos de violencia intrafamiliar originan casi el 70% de las causas que se abren en el Juzgado de la ciudad que aún llora a Judith y clama por justicia.
Anta concentra tres cuartas partes de la producción ganadera de Salta y casi la mitad de la de granos, pero en su franja poblacional mayor de 18 años tiene 19.718 ocupados, 943 desocupados (categorizados así porque no cesan en la búsqueda de un empleo) y 18.203 hombres y mujeres señalados por el Indec como inactivos.
De los 13.688 hogares anteños, sólo 4.529 tienen cloacas, 10.610 usan garrafas, 2.830 cocinan con leña y 3.808 tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Con 53.149 habitantes mayores de 3 años, en Anta 41.204 niños, jóvenes y adultos nunca usaron una computadora.