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La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) dispuso hoy sanciones de hasta 5,8 millones de pesos a las empresas de telefonía fija y móvil que no prestaron adecuado servicio a sus usuarios afectados por el temporal del 2 de abril pasado.
Junto con estas sanciones, la CNC también dispuso que las empresas de telefonía móvil acrediten a sus usuarios afectados por el temporal del 2 de abril pasado, un importe de 60 pesos en concepto de resarcimiento.
La decisión, dada a conocer esta tarde, alcanza a la empresa Telefónica a la que la CNC le impuso una multa de 587.375 pesos, y a la empresa Movistar -pereteneciente al Grupo Telefónica- una multa extraordinaria de 5.873.750 de pesos.
En tanto, la sanción a Personal asciende a 1.938.337,5 pesos; mientras que para la empresa Claro es de 1.938.337,5 pesos, según el detalle difundido por el organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Comunicaciones.
Las medidas fueron adpptadas de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 764/00; en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto 1461/93; en el Decreto 62/1990; en los reglamentos General de Clientes del Servicios de Comunicaciones Móviles y General de Clientes del Servicio Básico de Telefonía.
En referencia a la normativa vigente, la comisión entendió que las empresas ‘‘deben garantizar el servicio en condiciones de regularidad, continuidad y calidad, de acuerdo a las reglas del buen arte’’.
La CNC también dispuso hoy que las empresas de telefonía móvil deberán acreditar a sus usuarios afectados por el temporal del 2 de abril pasado, un importe de 60 pesos en concepto de resarcimiento.
Las multas son consecuencia de las falencias detectadas por las autoridaes de aplicación en la prestación de los servicios de telefonía móvil y fija durante las horas posteriores al temporal que azotó -en particular- a la Ciudad de La Plata y su área de influencia.
Según afirmó el Gobierno nacional a poco de analizar la prestación de los distintos servicios en ocasión del temporal que dejó más de 50 muertos y millonarias pérdidas materiales, las prestadoras de telefonía fija y móvil no contaban con un protocolo de acción ni con la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento del servicio. (Télam)
