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Cambios profundos se están produciendo en la Santa Sede. Después de que el papa Francisco había iniciado una investigación dentro del banco del Vaticano, Paolo Cipriani y el subdirector Massimo Tulli, de esa entidad financiera, entregaron sus renuncias “en el mejor interés de la institución y de la Santa Sede”. Cipriani, junto con el entonces presidente del banco, comenzó a ser investigado en el 2010 por sospecha de violar leyes contra el lavado de dinero. La policía había confiscado 23 millones de euros (30 millones de dólares) de una cuenta del Vaticano en un banco de Roma. Ninguno de los funcionarios ha sido acusado formalmente y el dinero fue devuelto.
Pero el banco, denominado Instituto de Obras Religiosas, ha permanecido bajo sospecha de que ha sido usado como refugio de cuentas millonarias para evitar impuestos.
Horas antes se informó que un prelado del Vaticano arrestado en un caso de corrupción por 20 millones de euros (26 millones de dólares) fue interrogado por magistrados italianos por primera vez y ha solicitado arresto domiciliario. El Papa creó una comisión de investigación sobre el funcionamiento del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), nombre oficial del banco del Vaticano. La finalidad declarada es lograr “una mejor armonización del Instituto respecto a la misión de la Iglesia católica” y que “los principios del Evangelio impregnen las actividades de carácter económico y financiero”.
Cinco personas que gozan de la total confianza del Papa pondrán la lupa en el funcionamiento del banco para diseñar una reforma. La comisión deberá examinar “la posición jurídica y las actividades del Instituto para lograr una mejor armonización de éste con la misión de la Iglesia universal y de la Sede Apostólica”. Se trata de: Raffaele Farina, cardenal italiano, de 80 años; Jean-Louis Tauran, cardenal francés, 70 años; Mary Ann Glendon, jurista estadounidense, 74 años; Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, arzobispo español, de 62 años y Peter Bryan Wells, teólogo estadounidense, de 50 años.
Por la reforma de la entidad
La presencia de dos estadounidenses en la comisión fue leída por los analistas como un indicio de que efectivamente hubo un especial activismo del Episcopado de los Estados Unidos antes del cónclave en pro de una reforma del banco del Vaticano, y de que esta campaña tuvo efecto en el Sumo Pontífice.
La comisión fue creada por un motu proprio, es decir una ley promulgada directamente por el Papa.
Como signo de su decisión de hacer cirugía mayor, entre las atribuciones del nuevo ámbito está la de recoger “documentos, datos e informaciones necesarias para el desarrollo de sus funciones”, sin límites de ningún tipo, ya que el mismo documento papal señala que “el secreto profesional y otras restricciones establecidas por el ordenamiento jurídico (del IOR) no limitarán el acceso de la comisión”. Según el vocero Federico Lombardi, esto responde al “deseo del Santo Padre de conocer mejor la situación jurídica y las actividades del banco del Vaticano, y permitir una mayor armonización con la misión de la Iglesia universal y la Sede Apostólica”.
Desde todas las perspectivas se nota un especial interés del pontífice en mantener la transparencia en todos los actos de la Santa Sede y esta comisión investigadora es justamente un reflejo de ello